Cientos de mendocinos pasan la noche en pasillos y escaleras de la Agencia Nacional de Discapacidad esperando una respuesta por sus pensiones.
Los pasillos de la ANDIS son un trajín de mendocinos que no saben cómo proceder ante la auditoría de las pensiones por discapacidad.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaSumidos en un laberinto de burocracia sin fin, cientos de mendocinos pasan la madrugada en los pasillos y las escaleras de la Agencia Nacional de Discapacidad esperando respuestas por sus pensiones por discapacidad, ya sea en trámite o que hayan sido otorgadas, desesperadas porque no saben que va a pasar con los pocos pesos que reciben o esperan recibir como ayuda.
El Gobierno de Javier Milei avanza con un ajuste fiscal que impactará profundamente en las pensiones por invalidez laboral.
En Mendoza hay unas 30 mil personas que serán auditadas. Según fuentes de la Nación, se estima que para finales de este año se habrán recortado alrededor de 400 mil pensiones en todo el país, el doble de lo proyectado inicialmente y un tercio del total de beneficiarios actuales. Este recorte busca alcanzar un ahorro de 900 mil millones de pesos para las arcas del Estado.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), liderada por Diego Spagnuolo, está llevando a cabo una auditoría masiva que ha impactado de lleno en una población especialmente vulnerable.
Spagnuolo enfrenta críticas por la falta de transparencia y sensibilidad en el proceso.
ElEditor Mendoza pudo comprobar in situ (en la oficina de Belgrano y Las Heras, de Ciudad) la crueldad de este proceso: decenas de mendocinos deambulando en los pasillos sin saber qué hacer, llegados desde puntos lejanos a la Capital como San Carlos, Lavalle o Rivadavia, de madrugada, para tratar de conseguir uno de los 50 números que entregan los encargados de esa oficina, totalmente desbordados frente a la demanda.
"A mi nieta no le ha llegado ningún papel y quiero saber qué tengo que hacer", clamaba una señora en la puerta a media mañana. No había conseguido llegar a tiempo de recoger uno de los números. Otra mujer se tomó el micro en San Carlos a las 6, pero tampoco llegó al número. Todos ellos serían atendidos en algún momento, prometieron los empleados.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló días atrás en su informe ante el Congreso que casi el 50% de las personas auditadas no fueron notificadas correctamente.
Esto afecta a más de 200 mil personas con discapacidad motriz, intelectual, visual o auditiva en todo el país, quienes no han podido realizar los estudios médicos ni presentar la documentación requerida para mantener sus beneficios. La causa principal parece ser la falta de actualización de los domicilios declarados, pero en lugar de buscar soluciones, el Gobierno ha decidido suspender los pagos.
Hasta abril, la Andis había enviado 470 mil cartas documento, de las cuales 222.607 no llegaron a destino. Este número representa solo una parte del proceso, que abarcará a más de 1,2 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas. Las notificaciones son gestionadas por la empresa privada Andreani, que ganó una licitación de 13 mil millones de pesos para este servicio.
Además de las cartas que no llegan, el recorte se completará con aquellos beneficiarios que no superen los exámenes médicos o no puedan demostrar que necesitan la pensión. Aunque el Gobierno argumenta que la auditoría busca corregir irregularidades de gestiones anteriores, hasta ahora solo se han identificado casos aislados, insuficientes para justificar la magnitud de las bajas planificadas.