Financiamiento universitario: qué resolvió la Justicia y qué hará el Gobierno

La Ley de Financiamiento Universitario volvió a quedar en el centro de la disputa entre el Gobierno y la Justicia. Un juez federal declaró inconstitucional el decreto que había frenado su aplicación y ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha la norma de manera inmediata.

El fallo fue dictado por Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La decisión obliga al Estado a avanzar con la recomposición de los fondos destinados a las universidades públicas. Esto incluye la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, los gastos de funcionamiento de los hospitales universitarios, infraestructura y becas estudiantiles.

Qué cuestionó el juez

El problema que analizó la Justicia fue el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había promulgado la ley pero había condicionado su aplicación a la existencia de recursos específicos.

Para Cormick, esa decisión terminó funcionando como una forma de frenar una ley que el Congreso ya había aprobado y ratificado después de que el Poder Ejecutivo intentara vetarla.

El magistrado sostuvo que el Gobierno no podía utilizar un decreto para detener la aplicación de una norma después de que el Congreso hubiera insistido con su aprobación por las mayorías necesarias.

Por eso, anuló la cláusula cuestionada y ordenó al Poder Ejecutivo dictar las medidas necesarias para poner en marcha la ley.

La Justicia también descartó el argumento oficial relacionado con las dificultades para sostener las cuentas públicas. El juez recordó que el Gobierno utilizó durante el período analizado distintas reasignaciones y modificaciones presupuestarias y consideró que la propia ley contempla herramientas para adecuar las partidas.

Qué dice el Gobierno

La respuesta del Ejecutivo llegó de forma extraoficial después de conocerse el fallo: el Gobierno decidió apelar la resolución ante la Cámara correspondiente.

La estrategia busca evitar que los desembolsos previstos por la ley tengan que ejecutarse de manera inmediata mientras continúa la discusión judicial.

El oficialismo sostiene su postura de mantener el déficit cero y considera que la aplicación de la ley implica un gasto que debe ser atendido sin poner en riesgo ese objetivo. Las fuentes oficiales confirmaron que la apelación será el próximo paso.

De esta manera, el conflicto queda nuevamente en manos de la Justicia. Por un lado, el fallo ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Por el otro, el Gobierno intenta frenar sus efectos inmediatos mediante una apelación.

La discusión ya no pasa solamente por cuánto dinero reciben las universidades, sino también por hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo cuando una ley aprobada por el Congreso establece una determinada obligación.