La audiencia pública convocada en el Congreso para debatir el futuro de la Ley de Glaciares, que establece presupuestos mínimos para la preservación de cuerpos de hielo y ambiente periglacial, se convirtió en un escenario de tensión y denuncia. Marta Maffei, autora intelectual y redactora del proyecto original sancionado en 2010, se presentó en la primera jornada con una denuncia de lo que calificó como una “farsa con pretensiones de audiencia pública” destinada a legitimar un retroceso en materia ambiental y democrática.
Se refirió de esta manera a la mínima porción de participantes que tendrán la chance de exponer en vivo en una larga lista de más de 100 mil inscriptos de todo el país.
El origen de la ley
Maffei recordó el proceso de construcción de la norma original: “Es una ley que protege los glaciares y periglaciares, que concitó consenso científico. Estuvimos un año consultando científicos, entes especializados, asambleas y comunidades que siempre se quedan afuera”. Su intervención buscó subrayar que la ley vigente no fue producto de improvisación, sino de un trabajo colectivo y participativo que recogió voces diversas y legitimó la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce.
Críticas al nuevo proyecto
La exdiputada cuestionó con dureza el nuevo proyecto que ya tiene media sanción en el Senado, al que acusó de violar la Constitución Nacional y tratados internacionales. “El artículo 41 establece presupuestos mínimos de orden público para todo el país, no son recomendaciones para las provincias. Este proyecto no respeta nada de la legislación vigente. Viola el Convenio 169 de la OIT porque no se realizó consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas”, advirtió. Para Maffei, se trata de una iniciativa regresiva que desmantela conquistas ambientales y derechos humanos básicos, como el acceso al agua.
El eje de su crítica estuvo en la aparente “fachada de federalismo” que, según ella, encubre discrecionalidad para que cada provincia disponga de los glaciares y del agua “como se les da la real gana, bajo el pretexto de producción, de RIGI, de inversiones”. En un país atravesado por crisis climáticas y territorios con agua escasa, la advertencia resonó con fuerza: “No hay federalismo si el agua la administra solamente la provincia que está cerca del glaciar y deja río abajo a todo el mundo en la seca”.
La idea de un federalismo mal entendido, que privilegia intereses provinciales inmediatos por sobre el bien común, fue uno de los puntos más contundentes de su exposición. Maffei insistió en que el agua es un recurso compartido y que su gestión no puede fragmentarse en función de la cercanía geográfica.
"No hay federalismo si el agua la administra solamente la provincia que está cerca del glaciar y deja rio abajo a todo el mundo en la seca. esta ley favorece el avance de la minería en función del retroceso del derecho ambiental y del derecho humano al agua. Es regresiva en materia jurídica, ambiental y democrática. Pretende romper la autonomía científico técnica, el IANIGLA dijo donde están los glaciares. Y en este momento hay 53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares 26.639".
La acción de la minería
Otro aspecto central de su intervención fue la denuncia de la continuidad de emprendimientos mineros en zonas glaciares, pese a las restricciones que la ley original imponía. El nuevo proyecto pretende “romper la autonomía científico-técnica” y abrir la puerta a la minería en detrimento de la protección ambiental, señaló.
La mención a los emprendimientos mineros no fue casual: indicó que la reforma legal busca habilitar la explotación de territorios frágiles bajo la lógica de las inversiones, sacrificando el derecho humano al agua y la preservación de ecosistemas estratégicos.
Una audiencia pública cuestionada
El tono de su intervención se tornó aún más crítico al referirse al procedimiento de la audiencia pública: “El Senado ha votado favorablemente un proyecto que deroga las claves de la ley, so pretexto de modernización. Omite rigurosamente todos los recaudos legales y constitucionales. Es una profunda ilegitimidad que un puñado de diputados pretende sanear convocando a esta farsa. Cuando sólo el 0,4% de los inscriptos puede hablar y el 99,4% se queda afuera, eso es una farsa”.
La denuncia sobre la falta de participación real expuso la distancia entre el discurso oficial de apertura democrática y la práctica concreta de exclusión. Para Maffei, la audiencia no fue un espacio de debate, sino un mecanismo de legitimación de decisiones ya tomadas.
Maffei dejó en claro que su participación no implicaba convalidar el proceso. “Me reservo el derecho de iniciar acciones legales”, anunció, marcando un cierre contundente. Su discurso condensó la tensión entre dos modelos de país: uno que concibe los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y patrimonio común, y otro que los habilita como territorios de explotación bajo la lógica de las inversiones.
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