El órgano de control actuó de oficio cuando el HCD de Guaymallén evaluaba iniciar el proceso de remoción del concejal. Qué dice la opinión de Ética Pública.
El concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa.
Santiago Tagua / ElEditor MendozaEl Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén había cerrado el caso del concejal radical Miqueas Burgoa. El despacho de comisiones en contra de la remoción obtuvo 7 votos a favor con el doble voto de la presidenta del cuerpo, Verónica Cancela. La Oficina de Ética Pública abrió un expediente de oficio y se expresó.
Cabe recordar que Burgoa conducía en estado de ebriedad en General Alvear y fue sancionado por la Justicia Contravencional. Tanto el intendente Marcos Calvente como el gobernador Alfredo Cornejo consideraron que debía dejar el cargo, algo que finalmente no ocurrió porque el trámite para investigarlo y luego definir su remoción, no avanzó dentro del HCD.
Desde el órgano que comanda Gabriel Balsells Miró aclararon que nunca ingresó una denuncia sobre la situación del concejal de Guaymallén. No obstante, y a medida que el escándalo escalaba, se comunicó con el Honorable Concejo Deliberante para conocer si se estaban realizando los procedimientos de investigación conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. La respuesta fue el expediente que finalmente que logró los votos en rechazo al inicio del proceso.
Sin embargo, para cerrar el caso, la Oficina de Ética Pública notificó al cuerpo sobre el estudio del caso y la interpretación que hace con respecto a la actitud de Burgoa. "Cabe destacar que el órgano primario competente (HCD de Guaymallén), ha prevenido formando causa en ejercicio de sus propias atribuciones de control", indica el dictamen.
Previo a la decisión del Auditor, Sebastián Giordano destacó algunos aspecto del caso que generó reacciones de todo tipo en el arco político. El director de Investigaciones Administrativas y Asuntos Judiciales recordó que la Ley de Ética Pública "de orden público y exigible al universo del funcionarios del Sector Público provincial y municipal '24 x 7' en todo el territorio de la Provincia y sin distinciones de jerarquías o niveles", determina en su artículo 4º que los sujetos comprendidos deben cumplir con algunas pautas, como por ejemplo:
Pero además, "los/las funcionarios/as públicos deberán acreditar observar como requisito de permanencia en el cargo, una conducta acorde con las obligaciones previstas en la presente Ley en el ejercicio de sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados/as removidos/as por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función”.
En ese sentido, remarca Giordano que "todos los funcionarios deben ajustar su ejercicio de la función pública (dignidad de interés público superior; investidura honorífica de la que no se despojan al salir de los edificios y/o finalizar el horario en que realizan sus labores habituales), a los deberes y pautas que orientan el desempeño ético de la misma; los que se identifican con una conducta íntegra, decorosa, transparente, austera, prudente y apegada a la juridicidad, estándares exigibles a todo agente – más aún a los jerárquicos del Sector Público provincial y municipal, en el marco de un Estado Constitucional Republicano como el nuestro.