Gremios de la salud protestaron en el Central por la precarización y un trabajador despedido tras una protesta, clara muestra de persecución laboral.Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Gremios de la salud protestaron en el Central por la precarización y un trabajador despedido tras una protesta, clara muestra de persecución laboral.Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
Gremios de la salud protestaron en el Central por la precarización y un trabajador despedido tras una protesta, clara muestra de persecución laboral.Santiago Tagua/ElEditor Mendoza
El Sindicato Provincial de Estatales de la Salud (SI.P.E.S.) presentó una denuncia formal ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza por prácticas sistemáticas de violencia laboral y persecución sindical en el Hospital Central. La presentación expone un entramado de hostigamiento institucional que afecta a trabajadores de planta y contratados, y que se habría intensificado tras las medidas de fuerza convocadas en junio y julio.
Los trabajadores consideran un hito de esta política de disciplinamiento el despido del enfermero César Castillo el 16 de julio sin previo aviso. Se trata de un referente técnico en hemodiálisis con más de treinta años de trayectoria y rostro visible de la protesta gremial. Su desvinculación, ejecutada con escribano y policía en la puerta de su casa, se convirtió en el caso testigo de una denuncia que interpela no solo al sistema de salud, sino al modelo de gestión pública.
Aunque el documento fue presentado por SIPES, la denuncia por lo que ocurre respecto de la precarización y el disciplinamiento de trabajadores es unánime y ha sido impulsada públicamente por otros sindicatos como AMPROS, SITEA y los autoconvocados del Central.
La denuncia presentada por SI.P.E.S. expone un entramado de hostigamiento institucional que afecta tanto a personal de planta como a trabajadores contratados bajo la modalidad de “prestadores”. Esta forma de contratación, que implica inestabilidad, falta de obra social, ausencia de licencias y riesgo constante de despido, es señalada como el punto de partida de una lógica de disciplinamiento.
En ese contexto, la denuncia del gremio indica que las autoridades del Hospital —en particular la jefa del Departamento de Enfermería y la Supervisora— habrían desplegado prácticas que configuran violencia laboral en los términos de la Ley 9263 y el Convenio 190 de la OIT. Rotaciones arbitrarias, sobrecarga horaria, maltrato psicológico, amenazas y represalias forman parte de un patrón que vulnera derechos laborales básicos.
“Se impone una lógica de obediencia ciega por miedo a ser sancionados”, señala el documento. Los gritos, el desprecio y el amedrentamiento serían moneda corriente dentro del Departamento de Enfermería, generando un clima de trabajo hostil y profundamente injusto.
La violencia no se limita al ámbito laboral. Supervisores habrían prohibido la participación en asambleas, intimidado por teléfono a prestadores y ordenado colocar calificaciones negativas en planillas de desempeño. Más grave aún: se denuncian prácticas de vigilancia encubierta, como el acceso a conversaciones de WhatsApp sin orden judicial, y la confección de listas negras.
Durante una asamblea el 22 de julio, personal de seguridad —por orden de la Dirección Ejecutiva del Hospital— exigió a los trabajadores identificarse con nombre y apellido para reingresar al establecimiento. “El único objetivo de dicha identificación es la confección de una lista negra”, afirma el sindicato.
Las causales atribuidas al despido de Castillo —“faltas injustificadas”, “cuestionamientos a cambios”, “críticas permanentes”— no responden, según SI.P.E.S., a razones técnicas ni administrativas. Son, más bien, una advertencia. “Buscan desarticular la organización gremial interna, silenciar a los referentes y generar miedo entre quienes aún luchan por mejores condiciones de trabajo”.
Castillo, querido por pacientes y colegas, se convierte así en el rostro de una lucha que trasciende su caso. Su despido vulnera, según el sindicato, el derecho de huelga (art. 14 bis CN), la libertad sindical (Convenio 87 OIT) y la protección contra actos discriminatorios (Convenio 98 OIT y Ley 23.592).
La denuncia concluye con una advertencia que interpela a toda la sociedad: “Lo que está en juego no es sólo la situación de un grupo de trabajadores, sino el modelo de Salud Pública que se quiere construir”.
Desde SI.P.E.S. exigen la reincorporación inmediata de César Castillo, el cese de despidos discriminatorios y la apertura de una instancia de diálogo sobre las condiciones laborales en el Hospital Central.
