La Organización Identidad Territorial Malalweche, representante de comunidades mapuche en el sur de Mendoza, alertó sobre un inminente desalojo de familias del Lof El Sosneado para la entrega de tierras a empresarios mineros.
Comunidades del Lof El Sosneado denunciaron un nuevo intento de desalojo para entregar las tierras donde viven a empresas mineras.
El desalojo es una amenaza constante para comunidades del sur que fueron reconocidos por el Estado.
La Organización Identidad Territorial Malalweche, representante de comunidades mapuche en el sur de Mendoza, alertó sobre un inminente desalojo de familias del Lof El Sosneado para la entrega de tierras a empresarios mineros.
La denuncia llega en un contexto de expansión minera respaldado por políticas gubernamentales bajo la premisa de una “transición energética”, lo que—según afirman—profundiza la violencia y exclusión hacia los pueblos originarios.
Días atrás, Malalweche y otras comunidades indígenas de Uspallata impugnaron el protocolo minero impulsado por el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo, exigiendo una consulta real con los afectados para cumplir con el Convenio N°169 de la OIT al que Argentina adhirió y que establece las etapas, criterios, principios rectores y requisitos procedimentales que deben observarse durante los procesos de consulta a las comunidades indígenas potencialmente afectadas por proyectos de exploración minera.
Malalweche convocó a una reunión intercultural este domingo 1 de junio en el Rewe del Lof El Sosneado, Arroyo Blanco, para debatir sobre el impacto del avance minero y corporativo.
Las comunidades sureñas -con las cuales el Gobierno provincial mantiene un enfrentamiento abierto- denunciaron en un comunicado que empresas como SOMINAR S.A., en alianza con el Ejecutivo de turno, disputan judicial y mediáticamente los territorios de Lof El Sosneado.
Según el comunicado, estas acciones constituyen una grave violación a los derechos territoriales y rememoran prácticas históricas de discriminación y autoritarismo.
Además, se señaló la reciente decisión de la Dirección de Minería de Mendoza de clausurar la Cantera Don Marcelo por irregularidades, aunque las denuncias comunitarias habían sido ignoradas previamente.
El comunicado también cuestiona la narrativa oficial sobre desarrollo económico, asegurando que la explotación minera y petrolera ha generado graves pasivos ambientales y desempleo masivo. Como ejemplo, mencionan el retiro de YPF en la región, dejando daños ambientales sin remediar y afectando a cientos de trabajadores.
Asimismo, critican el proyecto Hierro Indio, impulsado por Impulsa Mendoza, por utilizar fondos públicos bajo la promesa de empleo, aunque en realidad, argumentan, las contrataciones se limitan a especialistas con mínima participación de mano de obra local.
Las comunidades mapuches subrayan que sus territorios “NO SON RECURSOS, SON NUESTRA CASA COMÚN, NUESTRO WALL MAPU”, y han solicitado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exigen imparcialidad en la justicia y un respeto pleno al derecho indígena consagrado en la Constitución Argentina, además de un alto a la persecución de defensores ambientales comunitarios.