- La CGT judicializó, como había anticipado, parte del articulado de la reforma laboral
- El Gobierno nacional la había promulgado este viernes
La CGT va contra la reforma laboral de Javier Milei.
Foto: APEl presidente Javier Milei promulgó este viernes la reforma laboral o Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de febrero pasado, mediante el Decreto 137/2026. La norma introduce modificaciones profundas al régimen laboral argentino. La CGT avanzó con la estrategia judicial.
Los cambios abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia. Así las cosas, la CGT presentó un recurso de amparo contra el Estado para frenar la aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley que refieren al traspaso del fuero laboral de la Capital a la Justicia porteña.
El escrito recayó por sorteo en el Juzgado Contencioso número 7 a cargo de Enrique Lavié Pico. Se trata del mismo magistrado que a inicios de 2024 rechazó dos amparos que pretendían que se declarara la inconstitucionalidad del Decreto 70/2023 de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había asegurado Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.
En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.
“La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.
También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil. El escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.
Otro de los reclamos es a aspectos concretos de la reforma por la habilitación a “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”. Objetan también la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).