El ex presidente Alberto Fernández asegura que lo persiguen "por peronista" en la causa Seguros que lo tiene procesado por decisión de un juez federal.
El ex presidente Alberto Fernández le apuntó a la justicia federal por la causa Seguros y su vínculo con brokers.
El ex presidente Alberto Fernández atribuyó hoy su procesamiento en la causa Seguros a una “decisión judicial que fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”. Además, publicó un comunicado explayándose en las críticas al juez federal.
“Como alguien que cree en la república, aún cuando advierto la enorme crisis que sufren hoy las formas republicanas, seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir Justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”, expresó el ex mandatario desde sus redes sociales.
El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex presidente Alberto Fernández por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la llamada causa Seguros. Además, le aplicó un embargo de $14.634.220.283 sobre sus bienes. La resolución incluye a su ex secretaria María Cantero, al empresario Héctor Martínez Sosa, y a varios ex funcionarios de Nación Seguros.
El expediente se centra en la firma del Decreto 823/2021, que eliminó el sistema de coaseguro y le otorgó a Nación Seguros el monopolio para asegurar bienes del Estado. La investigación sostiene que esa medida favoreció económicamente a un círculo estrecho del entonces presidente Alberto Fernández.
Según el extenso fallo de Casanello, de más de 400 páginas, Martínez Sosa –amigo personal del ex presidente– fue uno de los grandes beneficiados por la maniobra. Su empresa acumuló contratos con 19 organismos públicos durante la gestión de Fernández y recibió más de $416 millones en comisiones, solo entre 2019 y 2024.
La investigación reveló que la relación entre Fernández, Martínez Sosa y Cantero fue “más allá de la amistad o vínculo laboral”, con frecuentes visitas a la quinta de Olivos, intercambios de favores, obsequios y transferencias de dinero. Uno de los elementos clave fue la designación de Cantero como funcionaria en Casa Rosada, lo que habría creado una “confusión de intereses” según el juez.