-Los judiciales rechazaron la oferta "por insuficiente" la oferta de Cornejo.
-Ricardo Babillon advierte que el conflicto se agravará en Mendoza.
Se tensó la mesa salarial de los Judiciales.
La tensión entre el Gobierno de Mendoza y los trabajadores del sector público sumó ayer un nuevo y complejo capítulo. Tras la reciente mesa de negociación paritaria, el gremio de los Trabajadores Judiciales rechazó de manera categórica la propuesta salarial presentada por los representantes del Poder Ejecutivo, profundizando un conflicto que amenaza con paralizar la actividad en los tribunales.
El secretario general del sindicato, Ricardo Babillon, transmitió al El Editor el malestar del sector tras el encuentro. La oferta oficial, que consistía en un incremento del 5% para el primer mes y un 2% adicional para el siguiente —totalizando un 7%—, fue considerada "a todas luces insuficiente" por la conducción gremial. Babillon advirtió que, incluso si la administración provincial tuviera la voluntad de estirarse hacia un 10%, esa cifra proyectada seguiría quedando por debajo de la inflación acumulada registrada desde diciembre hasta el presente mes de febrero.
El argumento central de los Trabajadores Judiciales para rechazar el ofrecimiento no solo reside en la coyuntura inflacionaria actual, sino en lo que denominan un "atraso histórico" del poder adquisitivo. Para Ricardo Babillon, el propio gobierno ha validado esta postura de manera indirecta. El dirigente señaló que el aumento del 40% otorgado al gobernador Alfredo Cornejo en junio pasado constituye un "reconocimiento tácito" de la magnitud del desfasaje salarial que padece la administración pública en su conjunto.
"Exigimos que ese 40% de incremento, que subsana el déficit histórico, sea extendido a todos los trabajadores de la provincia", reclamó el líder de los judiciales de la provincia. Las estadísticas que maneja el sector indican que, desde el año 2020, la falta de actualizaciones acordes al costo de vida ha generado un atraso promedio del 37% a nivel nacional. En este sentido, la cifra del 40% se presenta la base mínima de recomposición para iniciar un camino de recuperación real de los sueldos.
El último incremento percibido por los empleados judiciales se implementó en noviembre y fue otorgado mediante un decreto, lo que para el sindicato representa una vulneración de las instancias de diálogo paritario genuino. "La inflación ya ha erosionado significativamente aquel aumento, dejando a los trabajadores en una posición económica precaria, considerando que restan meses para la próxima instancia de diálogo", subrayó Babillon.
Más allá de la discusión porcentual, el gremio ha puesto sobre la mesa demandas de carácter estratégico que apuntan a una reforma integral de la forma en que se liquidan los haberes. Entre los puntos más destacados se encuentra la exigencia de avanzar en un Convenio Colectivo de Trabajo y la eliminación definitiva de los denominados "ítems en negro" o "grises", buscando un blanqueo total de la remuneración.
Asimismo, propusieron una revalorización de la Asignación Clase, sugiriendo que su valor se equipare a dos FUS (Fondo Único de Salud) actuales, lo que representaría una cifra de entre 1.200 y 1.300 puntos. Esta medida busca ordenar y dignificar la estructura salarial de base de los agentes judiciales.
El Gobierno informó que presentó un esquema de incremento con 5% en marzo y 2% en mayo. Estos aumentos no son acumulativos y se calculan sobre la base de diciembre de 2025, puntualizó.
Los representantes del Estado provincial informaron que recibieron los planteos efectuados por la entidad sindical tanto en materia salarial como no salarial. Advirtieron que evaluarán la factibilidad legal, económica y financiera de las demandas durante el cuarto intermedio acordado hasta la semana próxima, cuando se continuará con la negociación.
El panorama hacia el futuro inmediato no es alentador. La Corte de Justicia ha fijado el próximo 2 de marzo como fecha límite para dar una respuesta sobre la creación del Convenio Colectivo de Trabajo reclamado por la representación sindical, aunque las expectativas gremiales de una victoria en ese campo son bajas.
A esto se suma el conflicto latente en la Procuración respecto al Cuerpo Médico Forense. Ante la falta de propuestas concretas para este sector específico, Ricardo Babillon advirtió que es altamente probable que las medidas de fuerza se recrudezcan en los próximos días.
Con un gobierno que, según los reportes internos, mantiene una postura "inflexible" y no planea superar el techo del 10% ni realizar el blanqueo de ítems solicitado, el escenario en la Justicia mendocina augura un periodo de tensión y conflicto sostenido.