El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Reforma Laboral del gobierno de Javier Milei, que impulsó con fuerza el arco empresarial representado en una cantidad de entidades insertadas en diversos sectores de la economía del país.
-Javier Milei obtuvo a pura negociación la Ley de Reforma Laboral que reclamaba el establishment.
-Consenso en el recinto y protestas en las calles.
El gobierno obtuvo la sanción del Senado para su modernización laboral.
El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Reforma Laboral del gobierno de Javier Milei, que impulsó con fuerza el arco empresarial representado en una cantidad de entidades insertadas en diversos sectores de la economía del país.
Con 42 votos a favor y 28 en contra y dos abstenciones, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) logró imponerse gracias al respaldo cerrado del PRO, la mayoría del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y el acompañamiento estratégico de los gobernadores nucleados en las provincias patagónicas y del norte.
La Cámara Alta ratificó las modificaciones introducidas por Diputados, consolidando un nuevo marco normativo que altera las relaciones de trabajo en la Argentina después de décadas de inmovilidad legislativa en la materia. En los últimos dos discursos el peronista José Mayans argumentó contra la ley, mientras la libertaria Patricia Bullrich hizo la defensa.
Mientras el sector empresarial, representado por la UIA y CAME, celebró la sanción como un "cambio de era", las centrales obreras, como la CGT y la CTA, ya preparan presentaciones ante la Justicia Nacional del Trabajo para frenar la aplicación de los artículos más polémicos.
El resultado del "poroteo" final confirmó la tendencia que se venía gestando desde el inicio de la semana. La salida de la senadora jujeña Carolina Moisés del interbloque de Unión por la Patria (UP) para conformar el monobloque "Convicción Federal" fue el primer síntoma de una bancada opositora que no logró retener la unidad frente a la presión de los mandatarios provinciales.
La sanción definitiva del proyecto implica cambios profundos en la estructura del mercado de trabajo. Al actuar el Senado como cámara revisora, los legisladores debieron optar entre la versión original o las correcciones enviadas por la Cámara Baja, inclinándose finalmente por estas últimas para evitar que el proyecto naufragara.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se establece un sistema de capitalización para las indemnizaciones, inspirado en el modelo de la UOCRA. Las empresas podrán optar por este fondo mediante convenios colectivos, aportando mensualmente un porcentaje de la masa salarial (1% para grandes firmas y 2,5% para PyMEs).
Período de Prueba: Se formaliza la extensión del plazo de prueba a 6 meses para el régimen general, pudiendo extenderse a 8 meses en empresas de hasta cinco empleados.
Blanqueo Laboral: Se dispone una amplia moratoria para la regularización de empleados no registrados, con la condonación de multas y sanciones para los empleadores que se acojan al régimen en los próximos 90 días.
Aportes Solidarios: En un guiño a la cúpula de la CGT, se mantuvo la obligatoriedad de los aportes por un plazo de dos años, un punto que generó fuertes tensiones internas en el bloque radical pero que fue vital para destrabar el tratamiento.
Mientras en el recinto se procedía a la votación nominal, las inmediaciones del Congreso de la Nación fueron escenario de protestas encabezadas por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y las dos vertientes de la CTA.
A diferencia de la postura más cauta de la CGT, los sectores más combativos del sindicalismo prometieron "resistir la aplicación de la ley en las fábricas y en los tribunales".
Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el presidente Javier Milei procederá a la promulgación de la ley mediante un decreto de necesidad y urgencia este mismo fin de semana, buscando que los cambios operativos entren en vigencia el primer día hábil de marzo.
Los sectores que impulsaron la ley, encabezados por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, centraron su defensa en la necesidad de "desbloquear" el mercado laboral argentino:
Reducción de la litigiosidad: Sostienen que la eliminación de las multas por falta de registro termina con la denominada "industria del juicio", que históricamente ha llevado a la quiebra a miles de PyMEs y desincentiva la contratación de nuevo personal.
Previsibilidad de costos: Al implementar el Fondo de Cese Laboral, las empresas transforman un gasto imprevisto y potencialmente catastrófico (la indemnización por despido) en un costo mensual planificado y cubierto.
Fomento a la formalización: Argumentan que el régimen de "blanqueo" con condonación de multas es la única herramienta real para que los empleadores regularicen a los millones de trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad total.
Adaptación al siglo XXI: Defienden que figuras como el "colaborador independiente" y el banco de horas permiten que los nuevos modelos de negocios y servicios se encuadren legalmente sin la rigidez de leyes redactadas hace 50 años.
Seguridad jurídica para inversores: Afirman que para atraer capitales en sectores estratégicos como la Minería y la Energía, es indispensable un marco laboral que no sea percibido como un riesgo financiero constante.
Desde el interbloque de Unión por la Patria, la izquierda y las centrales obreras como la CTA, se planteó una resistencia basada en la protección constitucional del trabajador:
Precarización del empleo: Denuncian que la extensión del período de prueba a 6 u 8 meses permite a las empresas utilizar trabajadores de manera rotativa, desvinculándolos antes de que generen antigüedad o derechos firmes.
Facilitación del despido: Advierten que al abaratar el costo de salida (especialmente con el Fondo de Cese), se elimina el carácter "disuasorio" que tiene la indemnización, dejando al trabajador expuesto a despidos arbitrarios ante cualquier fluctuación económica.
Debilitamiento de la acción sindical: Cuestionan que la descentralización de la negociación colectiva y los cambios en las cuotas solidarias buscan desfinanciar a los gremios y quitarles poder de presión frente a las cámaras empresariales.
Riesgo de fraude laboral: Alertan que la figura del "trabajador independiente con colaboradores" es un caballo de Troya que permitirá a medianas empresas disfrazar relaciones de dependencia bajo contratos de servicios autónomos.
Regresión de derechos: Sostienen que la ley viola el principio de progresividad y el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, lo que derivará en una ola de amparos judiciales que anularán la aplicación de la norma.