Manejar bajo los efectos de drogas podría tener consecuencias mucho más severas en Mendoza si avanza un proyecto presentado en la Legislatura provincial. La iniciativa de la diputada Macarena D’Ambrogio (La Libertad Avanza), propone modificar la Ley Provincial de Tránsito 9024 y el Código Contravencional para reforzar los controles y aumentar las sanciones.
Entre los principales cambios aparece uno que podría modificar de manera significativa los controles en las calles: negarse injustificadamente a realizar un narcotest sería considerado una falta gravísima y tendría las mismas consecuencias administrativas que un resultado positivo.
El proyecto plantea además establecer sanciones diferentes según el tipo de sustancia detectada.
La propuesta establece una escala de sanciones de acuerdo con el nivel de riesgo atribuido a cada sustancia.
Para el cannabis y sus derivados, considerados dentro de la categoría de menor riesgo en el proyecto, se contemplan multas de entre 3.000 y 6.000 Unidades Fijas, junto con una inhabilitación para conducir de entre 30 y 180 días.
En los casos considerados de riesgo medio, como cocaína, opiáceos y benzodiacepinas, y en aquellos de riesgo alto, como anfetaminas, metanfetaminas o combinaciones de sustancias, las sanciones serían considerablemente mayores.
Las multas podrían llegar hasta 11.000 Unidades Fijas, mientras que el arresto podría extenderse hasta 120 días y la inhabilitación para conducir alcanzar un máximo de 545 días. Además, estas sanciones no podrían ser reemplazadas por trabajos comunitarios.
Los infractores también deberían realizar obligatoriamente cursos de capacitación, prevención y conducción responsable.
El proyecto también propone modificar las condiciones para recuperar los vehículos retenidos por infracciones relacionadas con el consumo de alcohol o drogas al volante.
De aprobarse, el rodado no podría ser devuelto hasta que el infractor haya cumplido con la sanción que le fue impuesta. La modificación apunta a evitar que la retención del vehículo quede desvinculada del cumplimiento de la pena correspondiente.
También habría cambios en la vigencia de las licencias de conducir. Quienes reincidan en infracciones vinculadas con alcohol o estupefacientes tendrían licencias con una vigencia reducida a cinco años.
De esta manera, la iniciativa no se limita al momento del control vial, sino que busca extender las consecuencias de la infracción sobre la posibilidad de volver a conducir.
Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un protocolo uniforme para realizar los narcotest.
La propuesta establece que, antes de ordenar el análisis, el agente deberá dejar asentados indicios objetivos compatibles con una posible alteración psicofísica. Entre ellos aparecen dificultades para coordinar movimientos, problemas en el habla, cambios de conducta, anomalías oculares y otros signos físicos asociados con un posible consumo reciente.
El proyecto busca así modificar de manera integral el esquema vigente en Mendoza, incorporando nuevas sanciones, reglas para los narcotest y mayores restricciones para quienes conduzcan bajo los efectos de estupefacientes.