-En plena definición de la Ley de Reforma Laboral el sindicato de Comercio llamó al paro
-La medida es sin asistencia a los lugares de trabajo
Para el comercio.
Luis Vigazzola / ElEditor MendozaEn un contexto político y económico marcado por la incertidumbre y el debate legislativo, el Centro Empleados de Comercio (CEC) de Mendoza ha decidido sumarse a las medidas de fuerza contra la reforma laboral. La entidad gremial convocó a los empleados de comercio de la provincia a parar sin asistir a los lugares de trabajo este jueves.
A través de un comunicado institucional, la entidad gremial expresó su profunda preocupación respecto a los diversos proyectos de reforma laboral que actualmente se encuentran bajo tratamiento parlamentario y en la agenda pública nacional.
La conducción del sindicato, encabezada por su Secretario General, Fernando Ligorria, ha puesto de manifiesto que la "responsabilidad institucional" del organismo les obliga a no permanecer indiferentes ante iniciativas que, según su análisis, podrían socavar los cimientos de la estructura laboral argentina.
La postura del CEC Mendoza no es aislada, sino que refleja un estado de alerta que atraviesa a gran parte del movimiento obrero organizado, ante la posibilidad de cambios estructurales que alteren las reglas de juego vigentes.
El documento difundido por el gremio detalla una serie de ejes temáticos que consideran amenazados por la "letra chica" de los proyectos en danza. En primer lugar, la advertencia se centra en la estabilidad en el empleo. Para el sindicato, la flexibilización de las normas de contratación podría derivar en una precarización del vínculo laboral, facilitando despidos y rotación de personal sin las debidas garantías.
Asimismo, el sistema indemnizatorio aparece como uno de los puntos más sensibles. Desde el CEC advierten que cualquier modificación que reduzca los costos de salida para las empresas no debe hacerse a expensas de la protección del trabajador, quien es la parte más débil de la relación contractual. En esta línea, también señalan el peligro que corren las condiciones de contratación y la vigencia plena de la negociación colectiva. Esta última es la herramienta fundamental mediante la cual los sindicatos discuten paritarias y defienden el poder adquisitivo frente a la inflación.
Otro aspecto crucial mencionado en el comunicado es la defensa del sistema solidario de salud. Las Obras Sociales sindicales, que brindan cobertura a millones de argentinos, podrían ver desfinanciadas sus estructuras o alterado su funcionamiento, poniendo en riesgo la atención médica de la llamada familia mercantil.
El mensaje firmado por Ligorria es tajante respecto a las prioridades de la institución: "Defender el trabajo, el salario y la dignidad laboral". Estas tres columnas vertebran la resistencia del sector ante lo que consideran un avance sobre los derechos históricamente conquistados.
Desde la perspectiva del Centro Empleados de Comercio, la historia del derecho laboral en Argentina es una construcción progresiva de garantías que no pueden ser desmanteladas bajo el pretexto de la modernización o la competitividad económica, si esto implica un retroceso en la calidad de vida de los afiliados. La "dignidad laboral" a la que hacen referencia no es solo una cuestión de ingresos, sino también de respeto a la trayectoria, a la jornada laboral regulada y al descanso.
Más allá de la crítica y la advertencia, el comunicado del CEC Mendoza ofrece una vía de resolución política. La entidad no se niega a la discusión per se, pero establece condiciones innegociables para el avance de cualquier nueva legislación. "Consideramos que cualquier modificación normativa debe garantizar la protección de los derechos laborales y construirse a través del diálogo social y el consenso", reza el texto.
Esta declaración es un llamado a la política nacional para que las reformas no sean impuestas de manera unilateral, sino que surjan de una mesa de trabajo donde los representantes de los trabajadores tengan voz y voto. Para Fernando Ligorria, el consenso es la única herramienta válida para otorgar legitimidad y durabilidad a cualquier cambio en el marco legal del trabajo.