Abogados que asisten a vecinos y asambleístas que se oponen a la megaminería en Mendoza denunciaron impedimentos en su labor.
En Mendoza se acumulan las causas judiciales contra asambleístas.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaUn grupo de abogados que asiste a asambleístas detenidos en contexto de protestas callejeras contra la megaminería pidió al Colegio de Abogados de Mendoza que intervenga por las trabas en la defensa de quienes representan a las víctimas de violencia institucional ocurrida durante la protesta ambiental del 4 de febrero en Mendoza. Los abogados expusieron las denuncias sobre la imposibilidad de ejercer la defensa legal en un contexto de represión y criminalización de la protesta social.
La marcha a la que se refieren fue contra la reforma de la Ley de Glaciares, tras la cual hubo 9 detenidos que fueron llevados al Polo Judicial.
La manifestación en defensa de la Ley Nacional de Glaciaresse desarrollaba pacíficamente hasta qu, en la desconcentración, la policía detuvo a nueve personass.Fueron llevados al edificio de la ex Secretaría de Turismo, en calle San Martín, a metros del kilómetro 0.
Según los abogados, los manifestantes fueron aprehendidos sin motivo aparente, agredidos físicamente y privados de su derecho a entrevistarse con sus defensores durante más de 16 horas. El operativo policial, calificado como desmesurado, incluyó amenazas y exhibición de armas largas en el módulo Estrada, dependiente del Ministerio de Seguridad.
El acceso de los letrados a sus defendidos se logró recién el 5 de febrero, tras la orden de la jueza Martín mediante un habeas corpus. En paralelo, Ulises Jiménez denunció haber sido empujado por efectivos policiales cuando intentaba asistir a los aprehendidos, lo que constituye una vulneración del artículo 23 de la Ley 4976 sobre el ejercicio profesional.
El “ruidazo” en el kilómetro cero de la capital mendocina fue parte de una jornada nacional contra la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el presidente Javier Milei y respaldada por el gobernador Alfredo Cornejo.
La iniciativa busca habilitar la actividad minera en zonas de glaciares y periglaciares, lo que organizaciones socioambientales consideran un retroceso en la protección de ecosistemas estratégicos. Aunque la protesta fue pacífica, terminó con un operativo policial que, según la Agrupación de Presxs Politicxs por Defender el Agua, convirtió transitoriamente al Ministerio de Turismo en un “centro clandestino de detención”.
A la par del pedido de intervención del Colegio de Abogados, Emanuel Rusafa, Enrique Jasid, Maximiliano Villarreal, Ulises Jiménez y Julieta Lavarello presentaron un escrito para constituirse como querellantes particulares en representación de los nueve detenidos.
El objetivo es garantizar que las víctimas tengan participación activa en el proceso penal y que se investiguen los apremios ilegales sufridos. El comunicado de la agrupación ambiental fue aún más contundente:
Según manifestaron los abogados a ElEditor Mendoza, el Colegio de Abogados expresó su preocupación y se comprometió a trabajar para que estos atropellos no vuelvan a repetirse.