Mendoza en venta: la UBA y el Conicet actualizaron el mapa de tierras en manos de extranjeros
La herramienta permite visualizar las tierras de Mendoza en manos de extranjeros y dónde se concentró el mayor interés.
PorGabriela Valdés
13 de enero de 2026 - 08:05
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La cordillera de Mendoza, en particular la de Malargüe, es codiciada por capitales extranjeros por su riqueza en minerales y nacientes de agua.
El Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el CONICET actualizaron en las últimas horas una herramienta que incomoda al poder político y económico por igual: el Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina. Se trata de una base de datos georreferenciada que cruza información del Registro Nacional de Tierras Ruralescon catastros provinciales y pedidos de acceso a la información pública bajo la Ley 27.275 de transparencia. En Mendoza la mayor concentración está en Malargüe, al límite de lo que marca la ley en cuando a superficies rurales extranjeras.
El resultado es una radiografía fría que muestra que, si bien a nivel nacional el 5,02% del territorio está en manos extranjeras —una superficie de 13 millones de hectáreas, equivalente a toda Inglaterra—, la "letra chica" del mapa revela focos de concentración donde la soberanía parece haber cedido ante el capital transnacional. En ese mapa, la provincia de Mendoza ocupa un lugar central, y un departamento en particular se tiñe de rojo: Malargüe.
Malargüe: más de 600 mil hectáreas bajo otra bandera
El estudio del Observatorio de Tierras advierte que, según los datos actualizados a agosto de 2025, de las 4.130.600 hectáreas rurales que componen la provincia, 608.739 están bajo dominio extranjero en ese departamento.
La cifra representa el 15% de la superficie total del departamento. Ese número es el límite máximo —el "techo" legal— que establece la Ley 26.737 (Ley de Tierras) sancionada en 2011. En términos técnicos y jurídicos, Malargüe estaría "bloqueado" para seguir vendiendo tierras a manos extranjeras. Bajo la legislación vigente, no se puede vender ni un metro cuadrado más de tierra rural a un ciudadano o empresa extranjera en ese territorio.
La crónica de la extranjerización en el sur mendocino tiene un nombre propio que domina el paisaje: el Grupo Walbrook. De origen británico y sustentado por potentes capitales malayos, este holding ejerce una hegemonía casi absoluta en la zona a través de su empresa subsidiaria, "Nieves de Mendoza".
Walbrook controla el 97% del centro de esquí Las Leñas, tras adquirir la mayor parte del paquete accionario a la firma IRSA, de Eduardo Elsztain. Su dominio no se limita a las pistas; son propietarios de los hoteles emblemáticos Piscis, Escorpio y Aires, pilares del turismo de lujo en la provincia.
El grupo controla extensas áreas que incluyen las estancias Campo El Álamo y Los Molles. Sus dominios no son simples extensiones de campo árido; incluyen activos estratégicos como la Laguna Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas y el acceso a Valle Hermoso y su laguna. La controversia ha sido una constante: la comunidad local y los puesteros históricos han denunciado repetidamente la privatización de áreas de montaña y la restricción del acceso a recursos naturales que, por ley, deberían ser públicos. La propiedad de la tierra se ha convertido aquí en un instrumento de exclusión, afectando rutas de trashumancia y el acceso histórico de los mendocinos a su propia cordillera.
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Valle Hermoso, en Malargüe, controlado por capitales británicos y malayos.
Agua, minerales y frontera
El informe del CONICET señala que el capital extranjero ya no busca solo tierras fértiles, sino activos críticos vinculados a la crisis climática y energética global. En Malargüe, la posesión de la tierra por parte de grupos como Walbrook coincide con tres factores clave:
Recursos hídricos: las estancias extranjerizadas contienen las cabeceras de cuenca y los glaciares y periglaciares que alimentan los ríos del sur. En una provincia que atraviesa una crisis hídrica, la propiedad privada de las nacientes de agua es estratégica.
Energía y minería: gran parte de estas 600.000 hectáreas se asientan sobre tierras ricas en minerales como cobre y potasio, en la frontera con la lengua norte de Vaca Muerta. Quien posee la superficie cobra servidumbres y derechos de paso a las petroleras, capturando una renta estratégica.
Seguridad de frontera: casi la totalidad de las hectáreas extranjerizadas en Malargüe se encuentran en la Zona de Seguridad de Frontera. El informe detalla cómo el Decreto 15.385 de 1944, que protegía estas áreas, fue vulnerado sistemáticamente mediante excepciones administrativas y triangulaciones societarias.
Protección o mercado libre
El estudio dedica un apartado técnico a explicar la erosión del control estatal. Menciona que en 2016, mediante el Decreto 820, se flexibilizaron los requisitos para las compras extranjeras, permitiendo a las empresas informar cambios en sus socios después de haber concretado las operaciones. Esto generó una "opacidad societaria" que dificulta saber quién es el dueño real detrás de una empresa radicada en Argentina.
El decreto 70/23 incluyó en su artículo 154 la derogación de la Ley de Tierras, argumentando que es un obstáculo para la llegada de dólares. No obstante, un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) logró frenar la medida, bajo la premisa de que la tierra es un recurso natural no renovable vinculado a la integridad nacional.
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Quiénes son los principales propietarios
Estados Unidos encabeza la cantidad de tierras en manos extranjeras con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada en Argentina. Para dimensionar: los estadounidenses poseen una superficie mayor que la provincia de Tucumán. La presencia de magnates como Joe Lewis en Lago Escondido (Río Negro) o Luciano Benetton en la Patagonia se convirtió en símbolos de un proceso que comenzó en los años noventa y que aún hoy genera controversias.
Historia de una ley en disputa
La Ley de Tierras (n° 26.737), sancionada en 2011, fue la respuesta a décadas de ventas irregulares y triangulaciones. En los noventa, el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, vulnerando normativas históricas que reservaban esos territorios para ciudadanos argentinos. El boom de los precios internacionales de los alimentos en los 2000 y la devaluación facilitaron nuevas compras extranjeras, lo que llevó a establecer un límite del 15% por provincia y departamento.
Sin embargo, la norma fue modificada en 2016 por el Decreto 820 de Mauricio Macri, que flexibilizó controles y redefinió quién era considerado extranjero. En la práctica, estas modificaciones redujeron los porcentajes oficiales de tierras extranjerizadas, aunque no reflejaban una baja real, sino un cambio metodológico. En 2023, el gobierno de Javier Milei derogó la ley mediante el DNU 70, aunque un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas logró frenar provisoriamente la medida en la justicia.
Embed - Argentina aprueba la venta de tierras rurales a extranjeros
El contexto internacional
La ofensiva por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario global marcado por la disputa por recursos estratégicos. El reciente corolario de Donald Trump a la Doctrina Monroe reconfigura la estrategia estadounidense en América Latina, orientada a asegurar el acceso a agua, energía y minerales críticos. En ese marco, la flexibilización de las normas argentinas puede leerse como una redefinición de quién controla territorios clave hacia adelante.
Los investigadores del Observatorio sostienen que permitir la expansión extranjera sobre lagos patagónicos, bosques nativos, acuíferos y cordillera minera supone reducir la capacidad del Estado argentino de responder a las necesidades de su población. No se trata de una cuestión administrativa, sino de quién decide sobre recursos centrales para la vida cotidiana y para cualquier proyecto de desarrollo.
