El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresó su preocupación por la intención de bajar la edad de imputabilidad.
El Gobierno nacional decidió retirar el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 13 años por falta de consenso. Aunque para ampliar la población de imputables a menores de hasta 14 años tendrían avales, en algunos organismos sigue habiendo resistencia. Un comunicado del organismo que nuclea a defensores y asesores dio argumentos.
"El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina manifiesta su profunda preocupación ante el Proyecto de Ley de Modificación al Régimen Penal Juvenil presentado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la Nación. Cabe destacar que entre las misiones que tenemos como Defensores/as Públicos/as, se encuentra la misión constitucional de asegurar la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes en concordancia con los estándares internacionales y los instrumentos y principios universalmente reconocidos", dicen los primeros párrafos.
Si bien el proyecto se retiró para defensores y asesores la discusión de bajar la edad de imputabilidad que, en Argentina, actualmente es de 16 años con un régimen especial. El texto recuerda el informe del 2018 que emitió el Comité de los Derechos del Niño (NU) en el que "recomendó la modificación de nuestro régimen penal juvenil por uno compatible con la CDN, enfatizando que no se deben incrementar las penas de los delitos ni reducir la edad de responsabilidad penal y que se deben promover medidas no judiciales".
En Mendoza sostienen que "hay que darle respuesta a las víctimas, no sólo defendemos al niño utilizado por grupos criminales para comerte delitos. Entendemos que el delito que se comete debe tener respuestas. Todo está fundado en normativa internacional y estudios científicos. Sostenemos que no va a mejorar la seguridad, en este sentido. Todos los grupos criminales buscarán niños más chicos para cometer esos delitos".
"Entendemos que hay que abordar al menor que delinque y a la víctima. No es que estamos en contra, como si no hubieran hecho nada. Hay que abordarlo desde antes, de cuando estaba en la escuela y esos actores que formal parten del estado, como directoras, docentes, no vieron esas situaciones que después los llevan a cometer esos delitos.
"La baja de edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además de Inconstitucional.- En este marco, sostenemos que la baja de la edad de punibilidad es inútil e innecesario, ya que es ínfimo el número de delitos cometidos por personas menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16 años", dice uno de los pasajes más fuertes del comunicado.
El comunicado menciona que "la mayoría de los delitos que involucran a los adolescentes en nuestro país se refieren a delitos contra la propiedad (robos y hurtos), siendo más insignificante aún en esa franja etaria delitos graves como el homicidio. Por otro lado, es de destacar, que casi el 90% de los delitos cometidos por adolescentes se concentran en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y CABA, siendo una realidad totalmente diferente en el resto del país".
Por último, afirman que "el proyecto es perjudicial porque está comprobado que la privación de libertad afecta el desarrollo emocional del adolescente y que el contexto carcelario favorece a una dinámica de violencia, reproducción de traumas y consolidación de identidades negativas".
Si bien en varios países de la región las edades de punibilidad resultan ser inferiores a la Ley Argentina; "no es menos cierto que ello no ha significado la disminución del delito; por el contrario, a pesar de la baja edad, el delito en ellos sigue aumentado".
"Argentina tiene un índice de homicidios de 3,7 cada 100.000 habitantes, con una edad de punibilidad de 16 años, mientras Paraguay tiene una edad de responsabilidad penal de 14 años y un índice de homicidios cada 100.000 habitantes de 6,2; Uruguay tienen una edad de responsabilidad penal de 13 años y un índice de homicidio del 10,07; México una edad de 12 y un índice del 22,6; Brasil una edad de 12 y un índice del 23,01 cada 100.000 habitantes", detalla el texto.
Estos datos les permiten a los defensores y asesores, sostener que "la baja de edad de punibilidad no garantiza mayor seguridad. El proyecto de ley en cuestión habilita (art. 28/31) el alojamiento de niños, niñas y adolescentes en cárceles comunes, lo que es además de regresivo e inconstitucional, contradictorio con la realidad existente".
"Si una de las causas esbozadas es la drogadicción o bien la utilización de niños, niñas y adolescentes en estructuras y organizaciones criminales, se debe abordar ese flagelo y no pretender resolver la cuestión, mediante la baja de la edad de punibilidad", aseguran desde el Consejo Federal.
En definitiva, "si la intención de este proyecto es mejorar la seguridad ciudadana, los recursos existentes (siempre escasos) se deben volcar a los sistemas de protección, a la prevención, al acompañamiento a las víctimas y no en hacer nuevas cárceles, como así también a abordar las verdaderas causas sociales del problema".
"El Estado tiene obligación de protección a las infancias y este proyecto sin dudas no cumple con ese cometido. Por ello solicitamos, en función de que no existe ninguna 'urgencia' que se analicen otros proyectos que tienen o han tenido trámite parlamentario y que se pueden integrar con el presente. Es imperioso que se consulte con especialistas y operadores del sistema, en función de la importancia y transcendencia social de la temática, no existen razones que justifiquen un tratamiento apresurado", piden defensores y asesores.
Por todo lo expuesto, es que el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina solicita a las autoridades legislativas y del Poder Ejecutivo Nacional que desistan de avanzar con este proyecto de ley, "e impulsen un debate serio, participativo y respetuoso de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos de la infancia".