El colectivo feminista Ni Una Menos repudió públicamente la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación de eliminar 13 programas estatales destinados a prevenir y acompañar situaciones de violencia de género. La medida fue anunciada este viernes por el ministro Mariano Cúneo Libarona y fue calificada por la organización como un acto de violencia institucional.

Eliminar políticas de género es perpetuar la violencia patriarcal. Eliminar políticas de género es perpetuar la violencia patriarcal.

Según Ni Una Menos, este recorte representa un abandono del Estado hacia los sectores más vulnerables y profundiza la desigualdad estructural. “Sin políticas de género no hay derechos, y sin derechos no hay democracia”, subrayaron.

“Un Estado que abandona”

Ni Una Menos señaló que las políticas públicas con perspectiva de género “salvan vidas” y que muchas mujeres y disidencias acceden a protección, contención y acompañamiento únicamente a través de estos dispositivos.

Entre los programas desmantelados se incluyen aquellos que ofrecían:

• Protección y asistencia a mujeres y disidencias en situación de violencia

• Acceso gratuito a insumos menstruales

• Capacitación obligatoria en género para funcionarias y funcionarios

• Presencia de promotoras territoriales en barrios vulnerables

Estas últimas, según el colectivo, “eran el rostro presente del Estado en territorios donde no llega ninguna otra política pública”.

Temor por la posible eliminación del femicidio del Código Penal

El comunicado también rechaza de manera enfática la intención del ministro de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, una propuesta que fue adelantada en entrevistas públicas.

Quitarla no es neutralidad. Es impunidad. Es negar lo que sucede cada 30 horas en nuestro país, cuando una mujer es asesinada por su género. Quitarla no es neutralidad. Es impunidad. Es negar lo que sucede cada 30 horas en nuestro país, cuando una mujer es asesinada por su género.

El movimiento de mujeres sostiene que esta figura legal reconoce el asesinato por razones de género como una forma extrema de violencia machista y obliga al Estado a intervenir con políticas preventivas. Pero que, además, visibiliza una desigualdad estructural que aún persiste

En este modelo, nuestras vidas valen menos. En este modelo, nuestras vidas valen menos.

Ana María Vega, especialista en Educación Sexual Integral (ESI), advirtió que el Gobierno nacional “vació y desfinanció” programas clave antes de eliminarlos formalmente, en el marco de una serie de decisiones que afectan políticas con perspectiva de género.

“El programa Menstruar, por ejemplo, apuntaba a reducir la desigualdad económica que implica menstruar en una sociedad donde el costo de productos de gestión menstrual recae sólo sobre quienes tienen útero”, explicó. También señaló que se dieron de baja planes para prevenir y abordar la violencia de género.

Según denunció, estos programas venían siendo desmantelados desde el inicio de la gestión, cuando se comenzaron a reducir equipos técnicos y partidas presupuestarias.

Lo que hay es una decisión ideológica que desconoce las bases científicas y sociales de estos programas. Ana María Vega. Lo que hay es una decisión ideológica que desconoce las bases científicas y sociales de estos programas. Ana María Vega.

Desde sectores académicos y sociales alertan que se trata de un retroceso en derechos adquiridos y en políticas públicas que venían siendo respaldadas por estudios e investigaciones en ciencias sociales.

“Frente a la violencia del Estado, nos organizamos”

A pocos días de cumplirse 10 años de la primera marcha de Ni Una Menos en 2015, el colectivo llamó a reforzar la organización y la movilización popular.

Sin presupuesto, los derechos no existen. No vamos a permitir que un gobierno con desprecio por la vida nos arrebate lo que logramos con lucha. Sin presupuesto, los derechos no existen. No vamos a permitir que un gobierno con desprecio por la vida nos arrebate lo que logramos con lucha.

Entre sus principales exigencias figuran:

• Restitución de los programas eliminados

• Mantenimiento de la figura del femicidio

• Cumplimiento efectivo de leyes clave como la Ley Micaela, la Ley 26.485 y la Ley de Identidad de Género

• Presupuesto real para las políticas de género y diversidad

• Reincorporación de promotoras territoriales