El juez federal Jorge Gorini pidió el decomiso a Cristina Kirchner por $86.000 millones tras su condena por la causa Vialidad.
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El juez federal Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la pena en la causa Vialidad, presentó ante el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema un pedido de decomiso contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La cifra base asciende a 86.000 millones de pesos, aunque deberá actualizarse conforme a los valores actuales.
La suma corresponde al perjuicio económico ocasionado al Estado por la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz, una maniobra que el fallo judicial calificó como parte de un esquema sistemático de corrupción. Por esta causa, el Máximo Tribunal confirmó semanas atrás la condena a seis años de prisión para la ex mandataria, aunque por el momento no se encuentra firme debido a su rol como senadora al momento de la condena inicial.
El decomiso también alcanzaría a otros ocho condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti. La intención es que todos respondan solidariamente por el monto total del daño al patrimonio estatal.
Según el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) N°2, entre 2003 y 2015 el 86% de las obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz fueron adjudicadas a empresas del Grupo Austral, de Báez. La Justicia probó mecanismos de direccionamiento de licitaciones, simulación de competencia, pagos privilegiados y ausencia de controles, que permitieron sobreprecios y beneficios indebidos.
El cálculo del daño económico se basó en peritajes sobre cinco obras testigo, entre ellas tres tramos de la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly, que exhibieron irregularidades técnicas y financieras. Además, se consideraron colusiones empresariales y sobrecostos para proyectar el perjuicio total.
En su fallo, el TOF sostuvo que se trató de “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país”, lo que justifica el decomiso como mecanismo de resarcimiento económico.