Durante la Primera Jornada sobre Autonomía Municipal en Mendoza, diversas organizaciones reclamaron el cumplimiento del artículo 123 de la Constitución Nacional. A 30 años de su sanción, la provincia aún no reconoce plenamente los derechos de los municipios. Advierten que esto impide su desarrollo político, administrativo y económico, y vulnera el federalismo en su dimensión más próxima a la ciudadanía.
La autonomía municipal, una deuda institucional en Mendoza
Durante el encuentro realizado el 31 de julio en Mendoza, representantes de múltiples organizaciones civiles y académicas emitieron una declaración pública para exigir que la provincia respete la autonomía municipal consagrada por la reforma constitucional de 1994.
En el documento, se advierte que Mendoza mantiene a sus municipios bajo un régimen de “semi-autonomía”, regulado por una Ley Orgánica que no se ajusta a las realidades sociales, económicas y culturales de cada localidad. Esto impide, entre otras cosas, que los municipios dicten sus propias Cartas Orgánicas, limiten su autogobierno y profundicen la participación ciudadana.
Además, se cuestiona el hecho de que, pese a que el municipio es la unidad más cercana a las necesidades de la población, sigue siendo tratado como un nivel subordinado de la administración provincial. “El municipio no es una agencia del Ejecutivo; es una comunidad viva con derecho a organizar su propio destino”, señala el texto.
Exigen reformas para cumplir con el artículo 123 de la Constitución
La declaración pública convoca a los tres poderes provinciales a impulsar reformas que garanticen efectivamente la autonomía institucional, política, económica y territorial de los municipios. También invita a la ciudadanía mendocina, partidos políticos y organizaciones sociales a involucrarse en este reclamo.
“El reconocimiento de la autonomía no es un privilegio de las autoridades locales, sino un derecho de las comunidades. Es esencial para mejorar la calidad de vida y consolidar un federalismo maduro”, afirman.
Entre los derechos que deben reconocerse, se incluyen: la capacidad de autogobierno, la administración local, el manejo de competencias propias y la participación efectiva en las decisiones del Estado en todos sus niveles.
Finalmente, el pronunciamiento pide evitar que este debate se convierta en una disputa partidaria. “No se trata de ideologías circunstanciales, sino de hacer cumplir la Constitución Nacional y fortalecer la institucionalidad democrática”.