Miles de trabajadores y trabajadoras de la salud prestan sus servicios sometidos a un sistema de precarización y obligados al pluriempleo para llegar a fin de mes.
Gremios de la salud protestaron en el Central por la precarización y un trabajador despedido tras sumarse a una manifestación.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaA un mes del despido de César Castillo, referente de hemodiálisis del Hospital Central, tras participar de una protesta por la precarización de sus salarios, este miércoles habrá una vigilia por su reincorporación y en reclamo de las condiciones laborales por las cuales él y sus compañeros se manifestaron en su momento, y no mejoraron. Será desde las 19 en el Central.
Castillo fue uno de los trabajadores entrevistados por canales de aire en el marco de uno de los paros en el Central a mediados de julio. Después de esa protesta, el Gobierno envió un escribano y un policía a su casa en San Martín para notificarle que estaba despedido por "no adaptarse a las nuevas normativas del servicio". Castillo llevaba más de 5 años como trabajador precarizado del Hospital Central, una de las formas en que el gobierno ajusta y achica el Estado: cobra como monotributista.
"La protesta de la semana pasada tuvo mucha visibilidad, pegó muy fuerte. Ayer me notificaron que bajaban mi prestación de servicio. Llevo cinco años en Hemodiálisis y de golpe me acusan de que no me adapto a las normativas de la gestión actual del servicio. Obviamente tiene que ver con la visibilidad del paro anterior, aunque ellos aducen que no es así", remarcó semanas atrás Castillo a ElEditor Mendoza.
"El Gobierno aprovecha esta situación para precarizarnos y nosotros hemos naturalizado la precarización. Es un juego del Gobierno y somos culpables de aceptar este juego, Desde las bases hemos tratado de organizarnos para cambiar esta situación, cambiar la postura. No es sólo la enfermería sino todos los prestadores que formamos parte del equipo del Hospital", señaló.
"Hemos naturalizado el pluriempleo, venir con cansancio a atender pacientes complejos y no es justo. Tenemos que decir basta de esta naturalización. No nos alcanza con 750 mil pesos para comer, pagar alquiler. Yo tengo 200 mil pesos de gasto en colectivo, 400 mil para pagar el alquiler. Cómo hago para comer si no tengo tres o cuatro trabajos. Le preguntaría al Gobernador si puede comer o vivir con 750 mil pesos, remarcó.
Poco después del despido de Castillo, el Sindicato Provincial de Estatales de la Salud (SI.P.E.S.) presentó una denuncia formal ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza por prácticas sistemáticas de violencia laboral y persecución sindical en el Hospital Central. La presentación expone un entramado de hostigamiento institucional que afecta a trabajadores de planta y contratados, y que se habría intensificado tras las medidas de fuerza convocadas en junio y julio.
Los trabajadores consideran un hito de esta política de disciplinamiento el despido de Castillo el 16 de julio sin previo aviso. Su desvinculación, ejecutada con escribano y policía en la puerta de su casa, se convirtió en el caso testigo de una denuncia que interpela no solo al sistema de salud, sino al modelo de gestión pública.
Aunque el documento fue presentado por SIPES, la denuncia por lo que ocurre respecto de la precarización y el disciplinamiento de trabajadores es unánime y ha sido impulsada públicamente por otros sindicatos como AMPROS, SITEA y los autoconvocados del Central.
Hay más de 2 mil prestadores de salud que le facturan al Estado en hospitales y centros de salud según cálculos de los gremios en base3 a listados provistos por el Gobierno. En lugar de pasar a planta, el Estado los mantiene con contratos basura o facturando. La protesta en el Central de la que participó Castillo fue por esas condiciones de precariedad. Este jueves los trabajadores volvieron a reclamar por esas condiciones precarias.