La empresa estatal Aguas y Saneamiento Mendoza (AySAM) anunció que recurrirá judicialmente la multa de 120 millones de pesos aplicada por el Departamento General de Irrigación (DGI), tras ser acusada de un vuelco clandestino de efluentes cloacales crudos en el Pescara a la altura de Los Corralitos, Guaymallén. La decisión de confrontar la Resolución N° 481, emitida el 11 de mayo de 2026, abre un nuevo capítulo en la disputa institucional y amenaza con escalar hacia la cúpula política de la compañía, en medio de una causa penal que ya avanza en el Ministerio Público Fiscal (MPF).
En el centro de la disputa se ubican dos hombres del riñón de Alfredo Cornejo: Sergio Marinelli (titular de Irrigación), y Humberto Mingorance (Aysam), a quienes los vecinos de Corralitos, que anoche volvieron a protestar, responsabilizan directamente por los padecimientos que enfrentan en la diaria desde hace más de un año, empezando por el hedor y los líquidos fétidos que pasan frente a sus casas.
La denuncia y la constatación
Todo comenzó con una denuncia telefónica realizada por la Inspección de Cauce Vertientes Corralitos. Vecinos alertaron que personal de AySAM había destruido intencionalmente la pared del canal Ramo 12, recientemente reparado. Los inspectores confirmaron en el lugar que la infraestructura hidráulica había sido rota deliberadamente, provocando que los efluentes cloacales sin tratamiento se desviaran directamente hacia el cauce agrícola. Los análisis del Laboratorio de Irrigación corroboraron la gravedad: presencia concluyente de efluente crudo y ausencia total de cloro residual, lo que evidenció la ineficacia de las medidas de contingencia aplicadas por la empresa.
La Dirección de Asuntos Legales y la Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico calificaron la conducta como de “gravedad excepcional” y aplicaron la sanción económica más alta prevista: 100.000 Unidades Fiscales del Agua (UFA), equivalentes a 120 millones de pesos. Además, se ordenó reparar la infraestructura en un plazo de diez días y se radicó una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente.
Embed - Entrevista a Humberto Mingorance, Presidente de AYSAM
Un historial de reincidencias de Aysam
El episodio no fue aislado. Desde agosto de 2025, AySAM acumula antecedentes por vuelcos cloacales en la misma zona de Los Corralitos. En esa fecha, Irrigación multó a la empresa con más de 9 millones de pesos por descargas no autorizadas en el Colector Pescara. Dos meses después, otra sanción de más de 10 millones se sumó por un desborde cloacal en la vía pública. La reincidencia en el mismo punto geográfico endureció las sanciones técnicas y penales, configurando un patrón de negligencia que hoy se traduce en la multa récord.
La respuesta de la empresa de aguas
Lejos de aceptar la sanción, la empresa conducida por Humberto Mingorance adoptó una postura confrontativa. “AySAM realizará las acciones legales disponibles para recurrir la sanción impuesta”, señalaron desde su conducción. El rechazo se produce en un escenario delicado: además del expediente técnico de Irrigación, avanza una causa penal en el Ministerio Público Fiscal (MPF) que podría golpear directamente a la cúpula política de la firma.
El fiscal Gabriel Blanco, con respaldo del fiscal en jefe Sebastián Capizzi, solicitó la imputación formal de Mingorance por presunta comisión de delitos ambientales en Los Corralitos. La decisión final quedó en manos del fiscal adjunto en lo Penal de la Procuración General, Gustavo Pirrello, lo que mantiene en vilo a la conducción de la empresa y al propio Gobierno provincial.
Un conflicto que trasciende lo técnico
La judicialización de la multa bloquea la tregua que el Ejecutivo intentaba tejer para evitar el desgaste político. Irrigación fundamentó su castigo en actas de inspección que constataron la rotura deliberada del canal impermeabilizado, tipificando la conducta como “reiterada, dolosa y agravada”. El caso expone la tensión entre organismos estatales y la empresa prestataria, y revela la dificultad de compatibilizar la gestión de servicios públicos con la protección ambiental.
Miles de vecinos afectados
Mientras las resoluciones se acumulan en escritorios institucionales, los vecinos de Los Corralitos siguen conviviendo con la amenaza de contaminación en sus cauces de riego. La reiteración de incidentes erosiona la confianza en las autoridades y pone en riesgo la producción agrícola, motor económico de la zona. La crónica de este conflicto es también la crónica de una comunidad que reclama seguridad ambiental frente a la negligencia y la disputa política.
