-El gobierno privatizó la importación del gas necesario para pasar el frío.
-La producción local crece, pero aún no es suficiente en los picos de consumo.
El precio del gas voló con la guerra en Medio Oriente.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa reciente decisión del Gobierno Nacional de delegar en manos privadas la importación de gas para el próximo invierno se enfrenta a un escenario internacional sumamente turbulento. A principios de marzo, el Ejecutivo determinó que una empresa del sector privado sea la encargada de adquirir los cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) necesarios para abastecer el pico de demanda invernal.
Sin embargo, este anuncio coincidió con el sorpresivo estallido de la Guerra en Medio Oriente, un conflicto bélico que ha convulsionado los mercados energéticos y disparado las cotizaciones de los hidrocarburos a nivel global.
En este contexto de extrema volatilidad, la gran incógnita que atraviesa al sector productivo y a los consumidores es quién asumirá el costo real de importar el combustible.
La titular de la Secretaría de Energía, María Tettamanti, intentó llevar cautela e indicó que las autoridades aguardarán hasta los primeros días de abril para conocer las ofertas de la licitación en curso.
El interrogante central del nuevo esquema radica fundamentalmente en el financiamiento: quién le pagará al operador privado el precio internacional del GNL, a lo que debe sumarse el elevado costo de regasificación que percibe la empresa estatal Enarsa por el acceso a la infraestructura portuaria.
Esta duda es vital, ya que el gas importado se distribuye entre tres grandes sectores: la generación de energía eléctrica, la industria, y la demanda residencial. Esta última cuenta hoy con una tarifa regulada muy por debajo de los costos reales.
Para comprender la magnitud del cambio que propone el oficialismo, es necesario repasar cómo funcionó el sistema hasta el año pasado. Históricamente, el peso de la importación recaía de manera directa sobre las cuentas públicas. Enarsa adquiría el GNL a precio internacional y entregaba aproximadamente el 40% de ese volumen a las distribuidoras a un valor fijado por el cuadro tarifario, asumiendo el Estado Nacional la millonaria diferencia mediante el otorgamiento de subsidios.
Pero el problema no terminaba allí. Según reveló María Tettamanti, el esquema de incentivos distorsionados provocaba que el Estado terminara subsidiando, de manera indirecta, a grandes fábricas.
Durante los picos de frío, cuando el gas económico de los gasoductos locales —enmarcado en el Plan Gas— resultaba insuficiente, la prioridad de abastecimiento debía ser para los hogares. Las industrias con contratos en firme debían restringir su consumo o pagar gas más caro. Sin embargo, las distribuidoras solicitaban más gas importado a Enarsa, que lo proveía al mismo precio subsidiado. Así, las empresas mantenían su ritmo de producción a expensas del erario público.
El nuevo paradigma busca erradicar esta dinámica. Bajo las nuevas reglas, las distribuidoras estarán obligadas a hacer valer la prioridad residencial. Por su parte, la industria deberá afrontar el costo pleno del fluido en el mercado internacional o recurrir a combustibles alternativos como el gasoil. Para garantizar la eficiencia, el Enargas asumirá un rol fiscalizador estricto: evaluará minuciosamente las compras antes de autorizar su traslado a las tarifas de los usuarios.
El desafío es mayúsculo frente a la crisis geopolítica. El impacto de la Guerra en Medio Oriente es innegable: los precios de referencia del gas en Europa alcanzaron los 61 euros por megavatio hora (unos 19 dólares por millón de BTU), duplicando su valor comercial desde el inicio de las hostilidades.
De continuar la privatización, el sobrecosto se trasladará a generadoras y al sector fabril. Desde el gobierno minimizan el impacto social, recordando que el GNL representa apenas un 3% del consumo anual de las familias argentinas. En abril se producirá un momento bisagra para definir el rumbo energético del país de cara al invierno.