-El proyecto elimina los subsidios por "Zona Fría" en el país
-El beneficio para Malargüe, la Puna y Patagonia se mantendrá bajo criterios socioeconómicos
Recorte a los subsidios en el gas: qué ocurrirá con Malargüe
El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto con el que modificar el sistema de subsidios al gas para reducir el déficit fiscal, eliminando el régimen de "Zona Fría" para gran parte del país, pero manteniendo el beneficio de manera excepcional para la Patagonia, la Puna y Malargüe.
La propuesta oficial pretende dar marcha atrás con la expansión del subsidio realizada en 2021, cuando el beneficio se extendió a diversas regiones con climas moderados.
Con este nuevo marco legal, el Gobierno de La Libertad Avanza busca que la asistencia estatal regrese a su esquema original, priorizando exclusivamente a las zonas que sufren temperaturas críticas, donde Malargüe es históricamente reconocido como un enclave de necesidad permanente.
Según los fundamentos del proyecto, el sistema actual es financieramente insostenible. El aporte del 7,5% que se cobra actualmente para financiar el fondo no alcanza a cubrir la demanda, lo que ha provocado una "ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores".
Al limitar geográficamente el subsidio a Malargüe y el sur argentino, el Estado busca garantizar la equidad y la responsabilidad fiscal.
Para los habitantes de Malargüe y el resto de las zonas beneficiadas, el subsidio también estará atado a condiciones socioeconómicas a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Bajo este programa, podrán acceder al beneficio:
Un cambio técnico fundamental es que el subsidio se aplicará directamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa. Esta medida busca anular el desacople financiero que hoy afecta a las distribuidoras y subdistribuidoras locales.
Más allá del gas, el proyecto trae novedades para el sector eléctrico y ambiental. Se prorroga hasta el año 2045 la exención impositiva para las energías renovables, una decisión que el Gobierno justifica en la necesidad de asegurar una oferta energética "más limpia y sostenible" para la población.
Finalmente, la ley propone un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas salden sus deudas con CAMMESA, acumuladas durante las emergencias tarifarias. Como condición para acceder a esta compensación, las empresas deberán desistir de cualquier reclamo judicial previo contra el Estado