Los cuestionamientos por el lugar que eligió el Gobierno para hacer la audiencia pública por San Jorge llegaron a sede judicial. Detalles de la presentación.
La audiencia pública por San Jorge fue impugnada en sede judicial por dos amparos.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaDos amparos ambientales, uno de la organización ambientalista Oikos, y otro de Marcelo Romano, abogado y defensor de vecinos y asambleístas, intentarán en la justicia suspender la audiencia pública por San Jorge que el Gobierno de Mendoza emplazó en un campamento minero de la empresa en medio de la montaña.
Esta audiencia, convocada por la Autoridad Ambiental Minera mediante la Resolución Conjunta Nº 211/25 y Nº 55/25, tiene como objeto la evaluación del controvertido proyecto megaminero San Jorge, ubicado en la zona de Yalguaraz, al norte de Uspallata.
El reclamo judicial sostiene que la convocatoria vulnera principios fundamentales de participación ciudadana y acceso a la información, al no garantizar condiciones de accesibilidad física para todos los ciudadanos interesados. Se exige así una nueva convocatoria en un lugar céntrico y accesible, como podría ser el casco urbano de Uspallata, permitiendo la participación plena e informada de la población.
"Acabamos de hacer la presentación porque el Gobierno hace la convocatoria en medio de la montaña en pleno invierno con el sólo objeto de obstaculizar la llegada de los que nos oponemos a este proyecto porque sabemos que utilizar sustancias tóxicas contaminantes en la cabeza de cuenca de uno de los ríos más importantes es un riesgo para el agua de Mendoza. Además, ha quedado demostrado que los controles ambientales en Mendoza no existe", señaló Romano tras la presentación.
Uno de los ejes de la argumentación de Romano se es que el proyecto minero se emplazaría en la cabecera del Río Mendoza, una fuente hídrica estratégica que alimenta a más de 1,5 millones de personas, a 250 mil hectáreas de cultivos de los oasis norte, y al cuarto polo industrial del país. Además, por vía subterránea y a través de canales de riego, su influencia se extiende hasta el Río Tunuyán Inferior, con lo cual el Oasis Este también podría verse comprometido.
La minera responsable afirma que las cuencas están aisladas, pero no ha logrado demostrarlo. Expertos sostienen que el suelo del área es poroso, y que actúa como una “esponja” natural donde el agua circula mediante el principio de los vasos comunicantes. A esto se suma la presencia de múltiples fallas geológicas activas, capaces de abrirse y cerrarse, facilitando el desplazamiento de fluidos contaminantes.
El proyecto San Jorge representa apenas una parte del plan extractivo de la multinacional Solway, que ya es titular de más de 70 concesiones metalíferas en la zona, con distintos niveles de avance. Para muchos, este es solo el inicio de una expansión minera a gran escala en uno de los sectores más sensibles del territorio mendocino.
La medida cautelar solicitada se apoya en un sólido marco normativo: los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente Nº 25.675, la Ley Provincial Nº 5961, el Acuerdo de Escazú, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Río, el Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza, y la Resolución Nº 17/2022 de la Secretaría de Ambiente provincial, entre otros.
El amparo alerta que, ante la inmediatez de la audiencia y la magnitud de los derechos comprometidos, ningún remedio administrativo llegaría a tiempo. Por eso, se solicita a la justicia que actúe con urgencia y garantice el cumplimiento pleno de las normativas ambientales y participativas.
El abogado puso el foco en que las condiciones establecidas para la audiencia implican la violación de la Constitución y de tratados internacionales a los que Argentina adhirió. Pidió que se llame a una nueva audiencia sujeta a derecho.
Los cuestionamientos a la audiencia pública comenzaron apenas el Ejecutivo difundió la convocatoria a la audiencia, y derivaron incluso en una batalla política entre fuerzas opositoras, que pidieron informes al Ministerio de Energía y Ambiente para despejar dudas sobre la legitimidad del lugar elegido.
Esta es la presentación judicial de Romano:
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