La decisión de Alfredo Cornejo de enclavar la audiencia pública por el Proyecto San Jorge en el medio de la montaña en pleno invierno generó la reacción inmediata de vecinos y asambleístas que repudiaron lo que creen, lisa y llanamente, una trampa.
Tras la decisión de Cornejo de llevar la audiencia por San Jorge al medio de la montaña, las asambleas se declararon en alerta. Un partido fue a la Justicia.
El Gobierno determinó que el 2 de agosto, en el medio de la montaña, se haga la audiencia pública por San Jorge.
La decisión de Alfredo Cornejo de enclavar la audiencia pública por el Proyecto San Jorge en el medio de la montaña en pleno invierno generó la reacción inmediata de vecinos y asambleístas que repudiaron lo que creen, lisa y llanamente, una trampa.
Las coordenadas que difundió el Gobierno ubican a la audiencia cerca del yacimiento en Uspallata, a más de 2.400 metros de altura, sin acceso mediante transporte público y con escasa infraestructura disponible.
Desde el oficialismo lo presentan como un paso formal dentro del proceso institucional. Sin embargo, tanto asambleas ciudadanas como partidos opositores sostienen que se trata de un movimiento táctico para desalentar la participación masiva y controlar el resultado de una instancia que ya fue adversa a la megaminería en 2010.
El antecedente inmediato que alimenta estas sospechas se remonta a 2010. En aquella ocasión, más de 700 personas se inscribieron para intervenir en una audiencia pública también celebrada en Uspallata, esta vez en un galpón de Vialidad Nacional. Las estimaciones policiales de entonces señalaron que más de 2.000 personas se movilizaron hasta el lugar, manifestando un rechazo categórico al proyecto.
Esa jornada, que marcó un hito en la conciencia ambiental de Mendoza, terminó sellando el rechazo social a San Jorge, cuya licencia ambiental fue archivada. La memoria de aquella movilización es reivindicada con fuerza por los sectores que vuelven a levantar la voz contra la megaminería.
Conocida la fecha y el lugar de la audiencia, la Asamblea por Necesidad y Urgencia, que nuclea a activistas ambientales de toda la provincia, acusó al gobernador de “esconder la audiencia en la cordillera con nieve hasta la nuca”, como parte de una estrategia para acallar la protesta.
En un comunicado difundido recientemente, recordaron con énfasis la movilización popular que en 2019 impidió la modificación de la Ley 7722 —que protege el agua de la actividad minera contaminante—, y afirmaron que el pueblo mendocino “no olvida”.
“La megaminería no tiene ni tendrá licencia social en Mendoza”, sostuvieron. Denunciaron, además, la criminalización y el hostigamiento que han sufrido quienes defienden el agua y los glaciares.
El Partido Verde de Mendoza presentó un recurso administrativo para frenar lo que definió como "una trampa institucional". En la denuncia, firmada por referentes como Mario Vadillo, Emanuel Fugazzotto y Dugar Chappel, se cuestiona la legalidad y legitimidad de la convocatoria. “Esto no es una audiencia, es un filtro. Está armada para que la gente no llegue, no hable, no moleste”, denunció Vadillo.
Desde la fuerza política consideran que las condiciones en las que se organiza la audiencia vulneran derechos constitucionales y ambientales.
Señalaron la ausencia de transporte público, la falta de sanitarios, caminos seguros y garantías mínimas de seguridad, como elementos deliberadamente montados para alejar a la ciudadanía del debate.
“Estamos actuando, no solo advirtiendo”, sostuvo Vadillo. El objetivo, según el partido, sería legitimar un proyecto que no cuenta con licencia social.
Para el partido, la audiencia es "una trampa diseñada para desalentar la participación social y vulnerar el derecho a opinar sobre el futuro del agua y el ambiente".
El renombramiento del proyecto como “Cobre Mendocino” no borró el recuerdo de lo ocurrido en 2010. San Jorge fue, desde su anuncio, un símbolo de conflicto ambiental y político.
La construcción de una mina de oro y cobre en Uspallata no sólo ha sido cuestionada por vecinos y asambleístas, sino que hay severos dictámenes en contra, como el de la Facultad de Medicina, del Conicet a través del IADIZA, de la UNCuyo -que ya había desaconsejado la mina en 2010- y de la Dirección de Hidráulica.