Este viernes se llamó a audiencia pública para discutir el proyecto insignia para el gobierno de Alfredo Cornejo, resistido en Uspallata desde 2010.
El Gobierno de Cornejo llamó a Audiencia por San Jorge en medio de la montaña.
El Gobierno llamó a audiencia pública para discutir la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge para construir una mina de oro y cobre en Uspallata. Se hará el 2 de agosto desde las 10. Hasta allí, lo formal. Sin embargo, el llamado que hizo Alfredo Cornejo tiene un dato que ya alertó a vecinos y asambleístas: está convocado para un lugar en medio de la montaña, cerca de la mina, de difícil acceso.
Inmediatamente se encendieron las alarmas por lo que sería un intento del oficialismo de evitar la masividad que tuvo la audiencia pública anterior y que rechazó de manera contundente el proyecto. En 2010, más de 700 personas se anotaron y cerca de 2 mil, según estimaciones policiales de la época, se manifestaron en esa instancia en Uspallata. Fue en un galpón de Vialidad Nacional en la villa cordillerana.
La audiencia para el proyecto insignia del gobierno de Alfredo Cornejo fue convocada por la Autoridad Ambiental Minera (AAM), integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.
Dice el documento, publicado este viernes en el Boletín Oficial: "La reunión se realizará el sábado 2 de agosto de 2025, desde las 10 de la mañana, y podrá seguirse de manera híbrida—tanto presencial como virtualmente".
Inmediaciones del proyecto, indican, y dan una coordenada:
Según el Gobierno, "para garantizar la participación, la AAM anunció la posibilidad de facilitar transporte desde localidades cercanas, lo cual será informado oportunamente por los canales oficiales".
El acto será dirigido por un equipo de instructores encabezado por Rebeca Cultrera y contará con transmisión en vivo vía YouTube. "Quienes representen a organizaciones deberán acreditar la personería legal correspondiente", indicó el Ejecutivo.
En el expediente que se va a analizar hay varios dictámenes en contra de la viabilidad ambiental de San Jorge. Acaso el más contundente sea el de la Facultad de Medicina de la UNCuyo, que advirtió sobre la peligrosidad de los 4 químicos que PSJ usará para la extracción.
También el IADIZA y la Dirección de Hidráulica hicieron severos cuestionamientos sobre la forma en que la empresa pretende captar el agua del Arroyo El Trigre y sobre las dimensiones del dique de relave, entre otros puntos.
A todas las objeciones San Jorge ha respondido que "más adelante" serán subsanadas.
En 2008, Coro Mining, a través de su filial Minera San Jorge, presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto para construir una mina para extraer oro y cobre en Uspallata. En febrero de 2010, ese IIA recibió avales de distintos organismos provinciales y nacionales. El entonces secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, fue parte de quienes firmaron los dictámenes favorables.
Sin embargo, la comunidad de Uspallata reaccionó: en julio de 2010 presentó sus reclamos ante el Concejo Deliberante y en octubre se realizó una audiencia pública con participación de vecinos, la empresa, instituciones y representantes religiosos. La resistencia social volvía a marcar el pulso del debate.
El tema estalló de lleno en la campaña de 2011. Francisco Paco Pérez, por entonces candidato a gobernador y exministro de Infraestructura de Jaque —cargo desde el cual había impulsado el proyecto— quedó en la mira. La oposición lo acusaba de favorecer al lobby minero, mientras el peronismo intentaba reacomodarse ante el rechazo popular.
En una jugada inesperada, Pérez acudió personalmente a la Legislatura y pidió a sus propios legisladores que rechazaran la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. Los radicales, que llevaban como candidato a Roberto Iglesias, lo chicanearon por su oportunismo.
El proyecto de ley de la mina en Uspallata fue rechazado por unanimidad y San Jorge volvió a foja cero. La presión social volvio a poner freno al avance extractivista, reafirmando la vigencia de la Ley 7722.
En 2015, la Suprema Corte de Mendoza declaró la plena constitucionalidad de la Ley 7722, fallando contra los recursos de empresarios que pretendían su nulidad. El fallo fue interpretado como una derrota para los intereses mineros, pues impedía el uso de cianuro, clave para el modelo de rentabilidad, pues se trata de un elemento clave para separar los metales de la roca de manera eficiente y rápida.
El contexto del fallo ayudó. El derrame de cianuro en Veladero (San Juan), ocurrido en septiembre de ese año, había avivado el temor social. Poco después asumió su primer gobernación Alfredo Cornejo, que por entonces mostraba un perfil ambientalista, aunque moderado. Evitó impulsar acciones para debilitar la ley. En ese clima, Mario Adaro, juez de la Corte provincial, advirtió en su voto que el artículo 1 de la ley era impreciso al hablar de “otras sustancias tóxicas”, lo que dejaba una “enorme vaguedad terminológica”.