El 20 de junio de 2007 fue sancionada la Ley 7722. Historia de una ley sostenida en las calles bajo el apotegma popular: "El agua de Mendoza, no se negocia".
Por más de tres lustros, la Ley 7722 resistió las presiones de las empresas mineras y referentes políticos en Mendoza. Sancionada el 20 de junio de 2007 -y nacida del seno de la resistencia sancarlina contra el desembarco minero-, la norma se transformó en un símbolo de la defensa social del agua frente al uso de sustancias tóxicas en la minería.
Los lobbistas la llaman "ley antiminera" por sus restricciones específicas para el sector, que consideran inconstitucionales. Sus defensores, en cambio, la bautizaron "guardiana del agua".
Más allá del nombre, una enorme bandera negra se despliega en Mendoza cada vez que vecinos y asambleístas marchan con la leyenda "La 7722 no se toca", como ocurrió el último viernes en su aniversario.
Sin embargo, la consigna está en duda desde el regreso de Alfredo Cornejo a la gobernación: con una batería de reformas legislativas y el ataque directo de sus funcionarios a la ley -por caso, Hebe Casado dijo que era "un invento estúpido de mendocinos"- la ley se ve hoy jaqueada por una avanzada política, judicial y empresarial.
La historia de la 7722 comienza con una encendida protesta en San Carlos. En 2005, la canadiense Tenke -a través de su subsidiaria Depromin- anunció su interés en explorar Papagayos, una zona cercana a la Laguna del Diamante, uno de los más bellos hitos sancarlinos. La comunidad se organizó y nació el Frente Diamante 16, una multisectorial formada por uniones vecinales, entidades agrícolas, productores, concejales, organizaciones religiosas, profesionales independientes, empresarios del turismo y docentes.
El entonces gobernador, Julio Cobos (UCR) y su ministra de Economía, Laura Montero, intentaban atraer inversiones transnacionales. Montero promocionó el potencial minero de la cordillera mendocina en la feria mundial de minería de Toronto en 2005. No vieron venir la ebullición de las protestas en el Valle de Uco.
La revuelta social en el Valle de Uco encendió la mecha en otras regiones, como el Sur. Un documental realizado en a Consulta refleja esas épocas convulsionadas y los movimientos barriales en plena expansión.
Pero la presión social llevó a un viraje político radical. Cobos -que, a diferencia de Alfredo Cornejo es poco afecto a las decisiones con algún viso de impopularidad- reculó y en vez de avanzar con la megaminería citó a su despacho a uno de los sancarlinos que había ideado una ley anterior a la 7722, Jorge Difonso, coautor de la llamada "guardiana del agua".
Lo cuenta en esta entrevista el propio Difonso, quien repite desde hace años como un mantra que "la Ley 7722 evitó que Mendoza fuera Jáchal".
Tras idas y vueltas, en 2007 se sancionó la 7722, que prohíbe el uso de sustancias como el cianuro y el mercurio en la actividad metalífera.
Desde entonces, cada intento de modificarla fue respondido en las calles. El caso paradigmático fue el proyecto minero San Jorge: impulsado por la empresa Coro Mining Corp, acompañado desde el Gobierno por Celso Jaque y que encontró una enorme resistencia social en Uspallata.
En 2008, ya con el peronista Celso Jaque en el poder, Coro Mining Corp presentó su Informe de Impacto Ambiental (IIA) ante la Dirección de Minería de la Provincia sobre la mina San Jorge, ubicada en Uspallata.
En 2010 se hizo en la villa cordillerana una audiencia pública donde de forma masiva se rechazó la construcción de la mina.
En 2008, Coro Mining, a través de su filial Minera San Jorge, presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto para construir una mina para extraer oro y cobre en Uspallata. En febrero de 2010, ese IIA recibió avales de distintos organismos provinciales y nacionales. El entonces secretario de Ambiente, Guillermo Carmona, fue parte de quienes firmaron los dictámenes favorables.
Sin embargo, la comunidad de Uspallata reaccionó: en julio de 2010 presentó sus reclamos ante el Concejo Deliberante y en octubre se realizó una audiencia pública con participación de vecinos, la empresa, instituciones y representantes religiosos. La resistencia social volvía a marcar el pulso del debate.
En una jugada inesperada, Pérez acudió personalmente a la Legislatura y pidió a sus propios legisladores que rechazaran la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. Los radicales, que llevaban como candidato a Roberto Iglesias, lo chicanearon por su oportunismo.
El proyecto de ley de la mina en Uspallata fue rechazado por unanimidad y San Jorge volvió a foja cero. La presión social volvio a poner freno al avance extractivista, reafirmando la vigencia de la Ley 7722.
En 2015, la Suprema Corte de Mendoza declaró la plena constitucionalidad de la Ley 7722, fallando contra los recursos de empresarios que pretendían su nulidad. El fallo fue interpretado como una derrota para los intereses mineros, pues impedía el uso de cianuro, clave para el modelo de rentabilidad, pues se trata de un elemento clave para separar los metales de la roca de manera eficiente y rápida.
El contexto del fallo ayudó. El derrame de cianuro en Veladero (San Juan), ocurrido en septiembre de ese año, había avivado el temor social. Poco después asumió su primer gobernación Alfredo Cornejo, que por entonces mostraba un perfil ambientalista, aunque moderado. Evitó impulsar acciones para debilitar la ley. En ese clima, Mario Adaro, juez de la Corte provincial, advirtió en su voto que el artículo 1 de la ley era impreciso al hablar de “otras sustancias tóxicas”, lo que dejaba una “enorme vaguedad terminológica”.
Esa ambigüedad sería luego utilizada en tribunales nacionales. En 2021, la Corte Suprema de la Nación sostuvo que el artículo 1 “se aparta del principio de legalidad que surge de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional”, y le dio la razón a la minera San Jorge en una presentación contra el Gobierno provincial. Se abrió así la puerta al uso de Xantato (entre otros químicos que San Jorge planea usar en Uspallata).
No obstante, el mismo fallo reafirmó la validez del artículo 3°, que exige que los proyectos mineros sean ratificados por la Legislatura: “Debe ser desestimado el pedido de la actora para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 3 [...] pues es menester recordar que la alegación de inconstitucionalidad desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente no basta”.
Como había prometido en campaña, y una vez obtenido el voto del 52% de los mendocinos, apenas asumió Rodolfo Suarez se sintió con e respaldo de las urnas para reformar la 7722. La respuesta en las calles fue inmediata: manifestaciones en calles, plazas y rutas sorprendieron al mandatario que acababa de estrenar el sillón de San Martín.
La más contundente partió desde el Valle de Uco y llegó a Mendoza el 23 de diciembre, instaurado desde ese momento en San Carlos como el "Día del Parientazo". Suarez ordenó reprimir con gases y balas de goma a miles y miles de vecinos, entre ellos familias enteras, en la explanada de Casa de Gobierno. Las imágenes fueron dantescas: uniformados con armas en moto dando vueltas en medio del humo de los gases en pleno Centro Cívico y alrrededores dieron la vuelta al mundo.
Poco después, Cornejo se desligó de su correligionario. "Su sucesor, Rodolfo Suarez, dijo esta semana que la Ley de Minería es un tema cerrado. ¿Cometieron un error de cálculo político al impulsar una ley que generó tanto rechazo?", le preguntó un periodista de Letra P.
"Él lo propuso en la campaña e interpretó que tenía un alto consenso para hacerlo", respondió ante la consulta de un periodista.
-¿Usted estuvo de acuerdo?
-No es estar de acuerdo o no, es parte de su programa de Gobierno. Lo propuso en la campaña, salió electo, entendió que era así y luego entendió de la misma que no había consenso y lo derogó. Ésa es su posición y creo que actuó con mucha honestidad.
Las reformas que proponía Suárez a la 7722 se resumen en el siguiente cuadro:
Sobre los días aciagos de 2019 en que una pueblada logró que Suarez diera marcha atrás y restituyera la ley tuvieron también su documental: HAM, historia del agua en Mendoza, una película que el poder político intentó censurar en Mendoza y en la que Bernardo Blanco recopila miles de archivos compartidos en redes, audios, fotos, documentos. Puede vérse aquí.
En su segunda gestión, iniciada en 2023, Cornejo activó una ambiciosa reconversión legal. En marzo de 2024 anunció: “Enviamos a la Legislatura un proyecto para actualizar el Código Procesal Minero de Mendoza, que rige desde 1945 [...] no se adapta a los nuevos procedimientos de protección ambiental, transparencia y criterios de desarrollo sostenible que requiere esta actividad”.
Ese proyecto se convirtió en ley con apoyo del PJ, el Partido Verde y La Unión Mendocina. Entre sus ejes centrales figura la eliminación de la obligación de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sea aprobada por la Legislatura: ahora podrá hacerlo directamente la Dirección de Minería, y sólo “si corresponde” será tratada en la Casa de las Leyes. Otra de las modificaciones de hecho es que el Ejecutivo impulsó "paquetes de DIA" de proyectos mineros en vez de que cada uno deba ser evaluado de forma individual.
En Canadá, durante una feria minera, Cornejo había anticipado esa jugada institucional. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ofreció colaborar para “agilizar permisos y concesiones” y mejorar la “opinión pública” sobre la minería en Mendoza.
El director de Minería, Jerónimo Shantal, fue contundente: “Tenemos una ley restrictiva que es la decisión política de analizar un tema técnico. No existe en el mundo una ley que un órgano político revise un tema técnico”. Reconoció que se evaluó explotar un resquicio legal: “La ley tiene una trampa que habla de exploración de minerales metalíferos. Podríamos haber dicho que no vamos a explorar minerales metalíferos. Pero no lo hicimos”.
La ministra Jimena Latorre, por su parte, defendió la eliminación del tamiz legislativo: “Si cada una de esas 200 propiedades mineras tuvieran que pasar por la Legislatura, deberíamos cerrarla para poner a los legisladores a estudiar declaraciones de impacto ambiental. No es para evitar controles, sino para ser más eficientes”.
Según el análisis de Difonso, esta nueva gestión cornejista debe leerse bajo el permanente impulso y el lobby minero.
Un cambio todavía más estructural puede venir por el agua de los ríos. El nuevo Código de Aguas, impulsado por Cornejo y el superintendente Sergio Marinelli, propone que la minería pueda convertirse en prioridad sobre otros usos hídricos si el gobernador lo dispone. En su artículo 69 se establece que el mandatario podrá “alterar el orden de prioridades”.
Además, Irrigación pasaría a denominarse “Departamento General de Aguas”, con potestades plenas sobre todos los usos del recurso. La fórmula de cálculo para asignar volúmenes, especificada en el artículo 72, permitirá establecer cuánta agua se destinará a las mineras.
La pata privatizadora no falta. Con la aprobación del RIGI a nivel nacional, una misión del Banco Mundial encabezada por David Michaud aterrizó en Mendoza para analizar negocios hídricos. El Plan Hídrico, también previsto en el Código, permitirá proyectar volúmenes máximos para cada uso.
El avance de los apetitos empresarios mineros fue constante en los últimos años, pero el contexto político, y sobre todo judicial, cambió. La pueblada del 2019 permanece en la memoria colectiva como una brasa ardiente que podría volver a encenderse con un soplido. Sin embargo, también ha hecho mella en esa conciencia colectiva el accionar judicial contra quienes protestaron contra la megaminería.
En 2019 se abrieron causas judiciales contra varios referentes y una causa por "rivación ilegítima de la libertad" (por protestar en las afueras de la Legislatura cuando se trataban las reformas a la 7722) aún está activa contra Nora Moyano, asambleísta de Las Heras. La avanzada recrudeció en enero de este año con las denuncias y el encarcelamiento de Federico Soria y Mauricio Cornejo, vecinos de Uspallata a quienes se mantuvo en un calabozo a instancias de una denuncia tras una protesta masiva en la villa cordillerana.
La Ley 7722 sigue vigente, pero cercada. Aunque con un fuerte sostén social, enfrenta un andamiaje legal renovado y un oficialismo decidido a flexibilizar reglas, con una presión empresarial cada vez más explícita. El destino de la “guardiana del agua” está otra vez en disputa.