Este viernes se cumplen 18 años de la sanción de la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería, y las Asambleas por el Agua y agrupaciones sociales y vecinales volverán a las calles para celebrarla.
El 20 de junio de 2007 un incipiente movimiento vecinal del Valle de Uco impulsó la Ley 7722, que prohíbe el cianuro y otros tóxicos en la minería.
Postal de la pueblada de diciembre de 2019 en defensa de la Ley 7722. La enorme manifestación popular llevó a Mendoza a la tapa de diarios de todo el mundo.
Foto: CorrepiEste viernes se cumplen 18 años de la sanción de la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería, y las Asambleas por el Agua y agrupaciones sociales y vecinales volverán a las calles para celebrarla.
La 7722 fue sancionada el 20 de junio de 2007 y promulgada un día después en el Boletín Oficial. Fue un logro colectivo que tuvo detrás a un movimiento vecinal que surgió desde San Carlos contra la política minera del entonces gobernador Julio Cobos y su ministra de Economía, Laura Montero, quienes habían prometido a inversores de todo el mundo que en Mendoza había pista para la megaminería.
Este viernes 20 de junio a las 17 en el kilómetro cero está convocada una movilización de asambleístas y organizaciones para recordar este hito legislativo. En la marcha se renovarán las consignas de rechazo al proyecto minero San Jorge, el plan hídrico trazado por Mekorot y el avance de Malargüe Distrito Minero Occidental.
Al mismo tiempo, se insistirá con el impulso del área natural protegida Uspallata-Polvaredas, que el propio Alfredo Cornejo y su ahora ministro Tadeo García Zalazar impulsaban cuando aún no eran gobierno.
Así como en 2007 los vecinos en las calles presionaron para la sanción de la ley, en 2019 una verdadera pueblada en rutas, plazas y barrios la defendió de la derogación que impulsó Rodolfo Suarez en un pacto con el PJ.
La movilización y presencia en las calles fue crucial en ese momento y por esa razón las asambleas volvieron a convocar para mostrar músculo este viernes.
Desde que asumió su tercera gestión, Alfredo Cornejo promovió un conjunto de proyectos y modificaciones a leyes para allanar el camino a los inversores mineros, con la extracción de cobre como punta de lanza. El Código de Procedimiento Minero fue en esa dirección. Lo mismo el Código de Aguas, demorado por la resistencia de sectores productivos y entidades intermedias.
Tiempo atrás, el mandatario ensalzó ante empresarios londinenses la aprobación del Código de Procedimiento Minero, que quitó trabas para la aprobación de proyectos. La nueva norma, explicó, "está agilizando la aprobación de permisos mineros y declaraciones de impacto ambiental (DIA)".
En ese punto, dijo que usaron la Ley 7722 a favor de los empresarios: “Hemos tomado la cláusula local que exige que la DIA sea aprobada por ley y la hemos usado a favor, dándole seguridad jurídica al inversor”. Se refiere Cornejo al artículo 3 de la ley, ratificado por la Corte Suprema de la Nación, que obliga a que la Legislatura sea quien apruebe los proyectos.
El mandatario ha dicho en público que en el futuro planea modificar esa obligatoriedad del tratamiento legislativo, que considera un escollo.
"Yo creo que lo que es realmente inexplicable, y que es lo que más me cuesta explicar en cualquier foro internacional, es que la Declaración de Impacto Ambiental (N. de la R: de los proyectos mineros) pase por la Legislatura. Explicar por qué tiene que depender una inversión, que no sabemos si va a ser exitosa, del paso por la legislatura. Eso es lo que no encuentro palabras para explicar. Es someter a la Legislatura a un proceso estresante", dijo tiempo atrás ante empresarios mineros en Chile.