La Policía de Mendoza buscó interrumpir la proyección de un documental sobre la 7722. Todo se da en el marco del acelerado avance del Proyecto San Jorge.
La Policía de Mendoza en el predio de la radio comunitaria donde iba a proyectarse HAM, sobre la historia de la defensa de la 7722.
Foto: gentileza La MosquiteraSon días agitados para los defensores del agua y la Ley 7722 en Mendoza. Esta semana, mientras el propio Alfredo Cornejo se jactaba en su gira por Europa de haber avanzado sin trabas con leyes pro megaminería en la Legislatura y de usar esa ley "a favor de los empresarios" mineros, el viernes por la noche la Policía de Mendoza buscó interrumpir la proyección de Historia del Agua en Mendoza (HAM), en un predio de Bermejo.
Todo ocurrió en a víspera de otra marcha convocada por vecinos y asambleístas de Uspallata contra el proyecto San Jorge.
La película primero fue levantada de un ciclo de cine en el Club Gimnasia y Esgrima del Parque. Para sortear la censura, los organizadores pidieron proyectarla en el predio de la radio comunitaria La Mosquitera.
"Los chicos del cine Club quisieron proyectar esta película en el Club Gimnasia y Esgrima que se ubica en el parque, un ciclo de directores mendocinos por segundo año consecutivo. Como la película se trata de la defensa del agua de Mendoza allá por diciembre del 2019 y como el pueblo se levantó en contra del gobernador de ese momento el señor Suárez, la comisión directiva de El club deportivo les dijo que se estaba politizando demasiado el ciclo y que no se debería seguir proyectando ninguna película", contaron los encargados de la radio.
Una vez organizada la proyección en la radio, con los vecinos instalados en reposeras como improvisadas butacas, al lugar llegó un móvil policial. "Se acercó el principal Franco González que había sido mandado por el subcomisario Villegas de la comisaría del Bermejo para instalar un servicio de seguridad dentro del predio de la radio. Nos negamos tajantemente ya que no tenían ninguna orden de ningún juez", se explayaron los organizadores.
"Una hora más tarde se acercaron a la puerta otra vez mismo principal y dos oficiales más diciendo que había una denuncia de que un ladrón al darse la fuga había ingresado por el fondo del predio de la radio y que de esa manera iban a ingresar para verificar si es ladrón se ubicaba donde decía la denuncia. Por supuesto nos volvimos a negar y en total se reunieron nueve policías en la puerta de la radio tratando de averiguar quién entraba y quién salía. Luego de las explicaciones del caso donde se le detalló otra vez que no podían ingresar sin una orden del juez se retiraron".
HAM recorre los agitados días de diciembre de 2019, cuando Rodolfo Suarez intentó derribar la 7722 con un pacto legislativo con el PJ. Contiene imágenes de redes, audios de WhatsApp y testimonios de vecinos y asambleístas que salieron a las calles y rutas de manera espontánea en resistencia al intento del oficialismo por legalizar el cianuro para usarlo en la megaminería.
El documental es un retrato, además, de lo que los medios masivos buscaron minimizar u ocultar, ensalzando las voces del lobby minero. Muestra cómo miles de mendocinos difundieron por canales alternativos las convocatorias y las voces de los defensores del agua, rompiendo el cerco mediático que se trató de imponer desde el Ejecutivo en base al manejo con mano de hierro de la pauta publicitaria.
Desde el 24 y 25 de enero, cuando Uspallata volvió a salir a las calles contra el proyecto San Jorge, la tensión con el Gobierno fue en aumento.
El viernes 24, cuando los empresarios y lobbistas de la megaminería se aprestaban a inaugurar la oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, un hombre que mantenía un conflicto personal con el presidente de esa entidad, Edgardo Vera, aprovechó para quemar con nafta una parte de un comercio de su propiedad. El episodio fue usado por el oficialismo para endilgárselos a los manifestantes.
La tensión fue subiendo, con ataques directos de funcionarios hacia los manifestantes -en esa lista se apuntó la vicegobernadora, Hebe Casado, y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti-. Mientras tanto, los vecinos recibieron un contundente respaldo en la marcha del 25 de enero y en dos que se hicieron en Capital, una el 1 de febrero, y la otra el 7, ambas masivas.
El Ejecutivo le clavó el visto a las protestas, y avanzó con el trámite de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge. La ministra Jimena Latorre, por su parte, invitó a los uspallatinos a dejar las calles y anotarse en "talleres participativos". En ese ámbito es donde el Gobierno entiende deben canalizarse las objeciones contra el avance de los proyectos mineros.