La Justicia rechazó otro pedido de domiciliaria para un penitenciario acusado de abuso
La Justicia rechazó nuevamente el pedido del penitenciario acusado de abusar sexualmente de una mujer que estaba detenida en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada). La jueza Dolores Ramón tomó la decisión este miércoles, durante una audiencia de control jurisdiccional solicitada por la defensa, que buscaba que el acusado cumpliera la prisión preventiva en su domicilio. La magistrada consideró que no estaban dadas las condiciones para concederle ese beneficio y dispuso que continúe alojado en el Complejo Penitenciario San Felipe.
El suboficial ayudante, de 38 años, está detenido desde abril y lleva casi siete meses privado de su libertad.
La prisión preventiva fue dictada por Ramón en junio, después de que la Fiscalía solicitara que permaneciera detenido mientras avanzaba la investigación. En julio, el juez Diego Lusverti confirmó la medida al rechazar la apelación presentada por la defensa.
La acusación en su contra
La causa investiga un hecho que habría ocurrido el 7 de abril dentro de Estrada, en el Polo Judicial Penal. La mujer que denunció al penitenciario había sido detenida días antes por el robo de un teléfono celular y trasladada desde la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. Al llegar, quedó alojada en el sector que está bajo la custodia del Servicio Penitenciario.
Según la denuncia, durante su permanencia en ese lugar la mujer le pidió al agente que consiguiera algo para comer, ya que llevaba varias horas sin ingerir alimentos. El funcionario le respondió que no podía ingresar comida a la celda, pero se ofreció a acompañarla hasta un baño. De acuerdo con el relato de la denunciante, una vez allí el penitenciario la sometió sexualmente sin su consentimiento.
La situación salió a la luz cuando otra guardia ingresó al sector y la mujer comenzó a gritar que había sido abusada.
El relato llegó a conocimiento de otro integrante del Servicio Penitenciario, quien realizó la denuncia que dio inicio a la investigación. Después, la mujer fue trasladada a un centro médico para que la examinaran y aportó su testimonio ante la Fiscalía.
Entre las pruebas reunidas figuran registros de las cámaras de seguridad que muestran al penitenciario llevando a la detenida hasta el baño. También se incorporaron declaraciones de otros empleados, informes médicos y pericias sobre muestras tomadas a la denunciante.
Uno de los resultados que generó cuestionamientos fue el cotejo de ADN, que no encontró coincidencias con el perfil genético del acusado.
La defensa utilizó ese resultado para cuestionar la acusación y pedir que el hombre recuperara la libertad. Sin embargo, durante la revisión de la prisión preventiva, el juez Lusverti consideró que la falta de coincidencia genética no alcanzaba por sí sola para descartar el abuso denunciado. También se había planteado la posibilidad de que una vasectomía explicara la ausencia de espermatozoides, aunque esa circunstancia debía ser considerada junto con el resto de las pruebas.
El penitenciario permanece imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad durante el ejercicio de sus funciones.
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