La Mesa de la Producción y el Empleo (MPyE), que reúne a empresarios y entidades amigables con el gobierno de Alfredo Cornejo -como la FEM, la UCIM, la UIM, Acovi, entre otras- tomó partido sobre los disturbios generados el viernes pasado en Uspallata calificando de "violentos" a los que se manifestaron contra la minería, pese a que el propio presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, Edgardo Vera, admitió que quien prendió fuego su local mantiene una vieja pelea personal con él.
En un comunicado emitido en las últimas horas, titulado "Comunicado por Uspallata", apuntaron que la minería debe avanzar "libre de conflictos violentos que obstaculicen el progreso". A la par, la vicegobernadora, Hebe Casado, continuó su cruzada mediática para reafirmar la versión oficial y cargar otra vez contra los vecinos que se oponen a la construcción de la gigantesca mina de oro y cobre.
No se refirió el comunicado de los empresarios a la multitudinaria marcha que el sábado recorrió las calles de la villa cordillerana en rechazo a San Jorge sino a los disturbios del día previo, cuando un episodio generado por una rencilla entre familias se desarrolló en simultáneo a una protesta por la inauguración de la Cámara de Proveedores Mineros.
Como revelaron los propios vecinos a ElEditor Mendoza, y reconoció Vera, ambas cosas ocurrieron en simultáneo. Quienes quemaron el negocio, dijo Vera "aprovecharon el tumulto, que les vino como anillo al dedo".
Sin embargo, los empresarios y el oficialismo insistieron en la versión que tildó de "violentos" a quienes se manifestaron, metiéndolos en la misma bolsa de los pirómanos.
El comunicado sobre Uspallata
"Desde la Mesa de la Producción y el Empleo de la Provincia de Mendoza reafirmamos nuestra convicción de que la minería responsable, como actividad económica legal y regulada, tiene un rol fundamental en la generación de empleo y el desarrollo sostenible de Mendoza. La minería puede convivir armónicamente con las demás actividades productivas de nuestra provincia, contribuyendo significativamente al bienestar económico y social".
La entidad marcó en el documento: "Este progreso debe realizarse en el marco de la legalidad, respetando las normas nacionales y provinciales, y asegurando que las actividades productivas sean sostenibles y beneficiosas para la sociedad en su conjunto".
