El jefe de Irrigación dio por cerrado el proceso participativo. El Código es una apuesta de Alfredo Cornejo para cambiar el manejo del agua hasta 2050.
Alfredo Cornejo y Sergio Marinelli impulsan el Código de Aguas.
Alfredo Cornejo y el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, avanzan para enviar a la Legislatura el Código de Aguas resistido por productores de toda la provincia -y que en 2024 protagonizaron protestas en rutas provinciales- que busca reformular el manejo de los ríos de Mendoza en el marco del Plan Hídrico Provincial.
Este último fue diseñado con asesoramiento de Mekorot, la estatal israelí de aguas y el Gobierno se niega a difundir su contenido pese a los requerimientos de la oposición.
El envío del proyecto de Código de Aguas fue suspendido en 2024 por el gobernador a raíz de los cuestionamientos sectoriales y las protestas de sectores productivos en toda la provincia. Ahora, el oficialismo dio por cerrado el proceso participativo y se apresta para mandarlo a discusión legislativa.
El Plan Maestro de Agua desarrollado por Mekorot no requiere aprobación legislativa, pero el Código de Aguas sí deberá pasar por la Legislatura.
Este martes, Marinelli defendió la iniciativa ante legisladores y ratificó el esquema oficial para comenzar a cobrar por el consumo de agua, un cambio significativo en la gestión del recurso hídrico.
Inspectores de cauce del Gran Mendoza denunciaron semanas atrás una persecución orquestada por Marinelli, contra Inspecciones y asociaciones "mediante intervenciones selectivas" a quienes se oponen al Código de Aguas y el acuerdo con Mekorot.
Fue despúés de que Irrigación suspendiera al inspector de cauce del Río Mendoza, Lucas Molesini, acusándolo por una "posible contaminación del recurso hídrico" y de poner "en riesgo el suministro de agua que se entrega a la planta potabilizadora de agua operada por la Asociación Civil Francisco Mazzoni".
Aseguran los inspectores de cauce que la medida se debe al posicionamiento de inspectores frente al Código de Aguas y el pacto entre el Gobierno y la estatal israelí Mekorot para el manejo de los ríos, entre otros puntos.
El acuerdo firmado en 2022 entre Mendoza y Mekorot sigue siendo un enigma. A dos años de su firma, los detalles del Plan Maestro 2030/2040/2050 no han sido revelados, lo que genera preocupación en diversos sectores.
Críticos sostienen que este plan favorecería el uso de los ríos para actividades mineras, mientras se pospone el debate legislativo sobre el Código de Aguas.
El proyecto cosechó una crítica lapidaria de un consejo de expertos que contrató parea tal fin. Entre ellos figura Miguel Marhus Escorihuela, abogado, jurista, vicerrector de la Universidad de Mendoza y director del Instituto de Agua y Ambiente Profesor Joaquín López- quien manifestó a ElEditor Mendoza su postura a favor de avanzar con la minería, pero puso reparos al Código.
Marinelli se explayó en la Legislatura acerca de que el Código de Aguas se inserta en un esquema de gestión basado en seis ejes: oferta, demanda, disponibilidad, sostenibilidad ambiental, educación y gobernanza.
Además, este nuevo marco normativo le otorgaría al gobernador la capacidad de modificar prioridades de uso del agua, permitiendo que la rentabilidad económica pueda primar sobre otras necesidades. Este es uno de los puntos más conflictivos.
El director de Planificación Hídrica, Federico Liseno, alertó que el cambio climático reducirá la oferta hídrica en Mendoza un 17% hacia 2050, lo que exige nuevas estrategias de adaptación.
En 2024, la presentación del Código de Aguas fue suspendida por fuertes críticas de diversos sectores productivos y especialistas en derecho hídrico.
Mathus Escorihuela, experto en legislación del agua, sostuvo que el código tenía aspectos positivos y negativos, pero también incluyó disposiciones contrarias a la Constitución.
Este martes, Marinelli minimizó las objeciones de los sectores productivos y aseguró que se incorporaron algunas de las propuestas de los productores.
Según el anteproyecto del Código, quien dirija Irrigación decidirá con el gobernador el uso que se le dará al agua de los ríos. Entre las prioridades para esos usos, además del abastecimiento de la población (que está al tope de la lista), aparece la minería, la generación eléctrica, el turismo, entre otros.
Sin embargo, Cornejo, o el gobernador de turno, podrá alterar el orden de las prioridades, indica el código en su artículo 69. Aquí es donde los sectores productivos avizoran riesgo de que se priorice a las mineras.
Además de la oposición de referentes de los oasis productivos, la Mesa de la Producción y el Empleo (MPyE), que reúne a entidades amigables con el Gobierno, como la FEM, la UCIM, la UIM, Acovi, entre otras, entregaron a Marinelli un documento los puntos del Código a los que se oponen.
Según manifestó Marinelli, las críticas ya habrían sido limadas con quienes se oponían y el envío del Código avanza. Indicó que el Código es "una herramienta sustancial que tuvo un proceso participativo intensísimo y a lo largo de todo el territorio mendocino, a la que se le han incluido objeciones que realizaron algunos productores”.
A su vez, dijo el funcionario que “una metodología abierta de participación, estuvo más de tres meses en la web, todos pudieron opinar”, señaló sobre el Código, manifestando que “han participado todos los organismos de investigación, todas las universidades, la comunidad Huarpe, y los actores del sistema en toda la provincia”.