Código de Aguas y pacto con Mekorot: inspectores de cauce se sublevan y denuncian persecución de Marinelli

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El río Mendoza abastece aguas abajo a una enorme porción de la población de la Provincia.

Denuncias contra un inspector

Según la resolución de Irrigación a la que tuvo acceso ElEditor Mendoza, el accionar de Molesini fue denunciado por vecinos de El Salto y Las Carditas y pudo "ser nocivo para la población abastecida, turistas de Villa Las Carditas, alumnos y personal de la Escuela Río Blanco".

Dice Irrigación: "La medida preventiva de intervención se toma en virtud de las facultades reglamentarias dispuestas en el art. 5° de la Resolución N° 371/03 HTA y modificatorias en el marco del Art. 23° pto. 1) inc. j) de la Ley 6405 y Art. 11° de la Ley 5302, existiendo elementos suficientes y a los efectos de lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, procurando no entorpecer la investigación en trámite, suspendiendo en sus funciones y mientras dure la investigación al Inspector de Cauce y al cuadro de Autoridades de la Inspección".

La polémica por el Código de Aguas

Según un comunicado de las inspecciones, la acción contra Molesini se vincula al intento del oficialismo de imponer el Código de Aguas, resistido por sectores productivos, entidades intermedias y regantes.

"Todos nos hemos manifestado en contra. Desconocemos la redacción y es darle un cheque en blanco al gobernador de turno para que maneje el agua", le dijo a este diario un inspector de cauce que maneja una de las más importantes cuencas de Mendoza.

Además de la oposición de referentes de los oasis productivos, la Mesa de la Producción y el Empleo (MPyE), que reúne a entidades amigables con el Gobierno -como la FEM, la UCIM, la UIM, Acovi, entre otras- entregaron tiempo atrás al jefe de Irrigación, Sergio Marinelli, un documento los puntos del Código a los que se oponen.

En el comunicado de rechazo a la intervención de la inspección de Molesini, los inspectores desgranan varios cuestionamientos en esa línea.

Desde hace un tiempo las organizaciones del Río Mendoza vienen planteando sus posicionamientos ante el Proyecto de Código de Aguas, el Plan Hídrico, el Plan de Obras e inversiones, la ejecución presupuestaria por río, los procedimientos administrativos y contables tecnocráticos, como así también el acceso a la información de los fondos públicos que Irrigación maneja discrecionalmente sin que sepamos su destino, indicaron. Desde hace un tiempo las organizaciones del Río Mendoza vienen planteando sus posicionamientos ante el Proyecto de Código de Aguas, el Plan Hídrico, el Plan de Obras e inversiones, la ejecución presupuestaria por río, los procedimientos administrativos y contables tecnocráticos, como así también el acceso a la información de los fondos públicos que Irrigación maneja discrecionalmente sin que sepamos su destino, indicaron.

Según el comunicado, los inspectores -que son elegidos por los regantes de cada zona- dijeron que pidieron a Irrigación datos sobre los informes hídricos "elaborados por la Empresa Israelí Mekorot y la sanción de la Ley 9589- aprobada únicamente por el oficialismo- que convierte de un día para otro al Departamento General de Irrigación como Ente Regulador del Abastecimiento Poblacional y Saneamiento, lo cual es incompatible por sus facultades constitucionales".

La ley en cuestión introdujo modificaciones clave a la Ley General de Aguas y a otras normativas relacionadas con la gestión hídrica en la provincia y crea la Unidad Fiscal del Agua, que centraliza la fiscalización y el cobro de sanciones por el incumplimiento de las leyes en materia de recursos hídricos.

Aumento en el canon y "gastos excesivos"

Los inspectores denunciaron que, lejos de responder, Irrigación resolvió intervenir la inspección de Cauce del Arroyo El Salto y Presidente de Alta Montaña, a cargo de Molesini.

"La supuesta contaminación es por unos animales que tomaron agua o hicieron sus necesidades en el río", indicó otro inspector a ElEditor Mendoza. "Esto en realidad tiene que ver con que los regantes se están sublevando. Han visto gastos desmedidos, y un aumento de 150% en el canon de Irrigación que no sabemos cómo se manejan".

"Vemos que hay exceso de personal que ingresa, exceso de nuevas camionetas, todo eso con plata de los regantes", subrayó.

Una intervención con "saña y malicia"

"Este acto viciado de nulidad y carente de cualquier fundamento técnico administrativo y que pretende ser una medida ejemplificadora para el resto de las Inspecciones contó con el voto de los Consejeros Víctor Sorroche del Río Tunuyan Superior y Gustavo Ruiz del Río Diamante con el acompañamiento de Sergio Marinelli y sin el aval de los Consejeros Eloy Guerrero del Río Tunuyan Inferior y Alejandro Gennari", se explayaron.

Calificaron la resolución de "exprés e intimidatoria para las organizaciones" y aseguraron que "condena groseramente a uno de nuestros representantes elegidos democráticamente por los regantes, constituye un hecho inédito en la historia de Irrigación"

Entre otras cosas, apuntaron que la medida está tomada con "saña y malicia, al no permitirle al Inspector de Cauce ejercer su derecho legítimo de defensa e imputarle acusaciones absurdas por parte de personajes mediáticos y denunciadores seriales que resultan funcionales a este procedimiento inconsistente".