San Jorge avanza en el trámite de la Declaración de Impacto Ambiental. Referentes del PJ y del oficialismo se trenzaron por pedidos de informes.
Andrés Lombardi al frente de la sesión en Diputados donde el PJ y el oficialismo se trenzaron por San Jorge.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaLa discusión por el proyecto minero San Jorge en Uspallata protagoniza la escena pública en Mendoza. El recinto legislativo fue muestra de ello esta semana, cuando dos diputadas se trenzaron en un debate por la audiencia pública que el Ejecutivo convocó en medio de la montaña, en pleno invierno.
El Ministerio de Energía y Ambiente fijo la audiencia en un campamento minero perteneciente a la propia empresa interesada en explotar la mina, lo que generó un aluvión de críticas desde distintos frentes.
El eje de la discusión fueron los pedidos de informes que presentaron el kirchnerismo y el massismo acerca del lugar elegido para la audiencia pública. En ese tren, el peronismo ratificó su postura prominera. En esa línea impulsaron San Jorge en 2010 cuando gobernaba Celso Jaque -aunque tuvieron que retroceder ante el rechazo masivo al proyecto entre la población de la villa cordillerana- y después acordaron con Rodolfo Suarez el derribo de la 7722 -iniciativa también rechazada en las calles-. En 2010 quien sí estaba en contra de San Jorge era la UCR, que le hizo pagar caro a Francisco Pérez su impulso al proyecto.
Para las asambleas ciudadanas, los vecinos y las organizaciones ambientales, el emplazamiento de la audiencia no hace más que confirmar lo que sostienen desde hace más de 15 años: que San Jorge es inviable en una región con fuerte perfil turístico como Uspallata.
Con estudios técnicos y científicos que respaldan su oposición, como los de la Facultad de Medicina, la UNCuyo, el CONICET, entre otros de peso institucional y técnico, estos sectores sostienen que el proyecto compromete el equilibrio hídrico y ambiental de la región.
Los pedidos de informe van por otro carril: mientras que el kirchnerismo cuestionó la modalidad híbrida y la accesibilidad a la zona, la massista Gabriela Lizana -autora de uno de los requerimientos al Ejecutivo- se encargó de aclarar que su bloque "no es antiminero sino todo lo contrario".
Apuntó en cambio a que "el procedimiento sea de acuerdo a la ley y que no genere dudas ni controversias". Subrayó que "podría haber diferencias por el lugar donde se va a desarrollar ya que es propiedad de la empresa, y eso podría generar alguna duda en relación a la legitimidad de la audiencia pública".
Luego citó a José Ignacio de Mendiguren, extitular de la UIA, y trazó una metáfora que resonó en el recinto: “Podemos ser Noruega o Nigeria ”, comparando dos modelos de desarrollo diametralmente opuestos en torno a sus recursos naturales. "Uno fue uno de los más desarrollados del planeta y otro uno de los más pobres", remarcó
Desde el oficialismo y particularmente la diputada Sol Salinas (Unión Pro), la reacción fue tajante. Rechazó el pedido de informes argumentando que la información está disponible en plataformas oficiales y que incluso se cuenta con herramientas tecnológicas para facilitar su interpretación. Acusó a la oposición de “instalar desinformación” y de obstaculizar el desarrollo económico.
Antes de votar en contra de los pedidos de informes, Salinas dijo que la información está disponible y chicaneó a Lizana: "Si quiere le empapelamos la Legislatura. Ya no saben qué excusa poner contra el desarrollo de la minería. Desinforman diciendo que hace frío, que está lejos, ya no se...".
Después lanzó: "Cortemos con este mecanismo de hacer pedidos de informes al Ejecutivo cuando la información está y es accesible".