-El presidente Milei reafirmó que el gobierno no evitará la desaparición de empresas.
-Dijo que con importados más baratos se activan otros sectores.
Javier Milei dio su tercer discurso ante el Congreso.
El discurso presidencial, cargado de la retórica confrontativa habitual, desató una nueva escalada en la tensión entre el Gobierno y los sectores empresariales de mayor envergadura en la economía nacional. Javier Milei volvió a defenestrar a Paolo Rocca, líder del mayor emporio industrial del país, y a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y Aluar.
El principal destinatario de los señalamientos fue Paolo Rocca, CEO de Techint, el holding con presencia global y un peso decisivo en la matriz productiva argentina, particularmente en el sector energético y siderúrgico. El núcleo del conflicto radica en la licitación de caños de acero, insumo fundamental para las obras de infraestructura vinculadas a la explotación de Vaca Muerta.
El mandatario elevó el tono de la disputa al cuestionar abiertamente la estructura de costos y la política de precios de la compañía. En un ataque frontal, el Presidente interrogó: "¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero USD 4.000 cuando se paga USD 1.400?". Esta diferencia abismal fue presentada como una muestra de la distorsión de precios que, a juicio del Ejecutivo, perjudica al Estado y a los consumidores.
Pero la acusación fue más allá de lo económico, incursionando en una dimensión de gravedad institucional. Javier Milei sugirió que Techint habría incurrido en maniobras desestabilizadoras, al supuestamente amenazar con adelantar el pago de dividendos en el exterior con el objetivo de generar una corrida y presionar al mercado de cambios.
Esta denuncia implica un quiebre de confianza entre el Estado y uno de los principales actores económicos, elevando el conflicto a un nivel político y financiero.
La embestida oficialista no se limitó al sector siderúrgico. El discurso se enmarcó en una crítica más amplia a la matriz productiva que, según el Gobierno, ha estado históricamente viciada por la connivencia política. El sector de los neumáticos, y en particular el conflicto en la fábrica Fate, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, sirvió de ejemplo para ilustrar el argumento presidencial.
El reciente despido de 920 empleados y el cierre temporal de plantas en el contexto de la discusión de la Reforma Laboral fueron vinculados por el Ejecutivo a un esquema obsoleto: el de la "protección de la industria nacional subsidiada". Para la administración actual, esta protección no es más que un mecanismo rentístico que únicamente beneficia a un selecto y reducido grupo de empresarios con vínculos políticos, a costa de la eficiencia y la competitividad.
El Presidente, en su alocución, delineó una marcada dicotomía moral, planteando la necesidad de elegir entre dos modelos económicos: "¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?".
Dijo que los cierres de empresas perjudican a los dueños y a los políticos, pero la gente se beneficia. Con este planteamiento busca polarizar la discusión, presentando al Gobierno como defensor de "los argentinos de bien" frente a una élite política y empresarial corrupta.
El punto culminante de la retórica presidencial fue la denuncia de que la supuesta defensa de la industria nacional por parte de sectores opositores no es más que una "complicidad en el saqueo".
Javier Milei radicalizó su acusación al denunciar que las críticas públicas que políticos de gestiones anteriores dirigían a los industriales eran, en realidad, meras puestas en escena, maniobras de extorsión cuyo único fin era "negociar una coima más alta".
Con esta afirmación, el Gobierno no solo ataca la ética de los empresarios cuestionados, sino que también desmantela la credibilidad de los sectores políticos que históricamente defendieron el modelo de sustitución de importaciones y la intervención estatal. La tesis central es que la defensa de la industria nacional ha sido, durante décadas, una máscara para encubrir la corrupción sistemática entre el poder político y el poder económico concentrado.