-El juez que dejó en suspenso más de 80 artículos fue desplazado del caso.
-Lo resolvió Macarena Marra, magistrada federal nombrada por Alberto Fernández.
Tambalea la estrategia judicial de la CGT contra la Reforma Laboral.
El escenario de la puja judicial por la Reforma Laboral dio un vuelco notable a favor de los intereses del Gobierno de Javier Milei y en contra de los que movieron a la Confederación General del Trabajo a recurrir a los tribunales contra múltiples alcances de la Ley 27.802, sancionada por el Congreso Nacional a instancias del Ejecutivo.
La jueza federal Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12, resolvió que su fuero es el único competente para intervenir en el reclamo de inconstitucionalidad planteado por la central obrera, desplazando así a la Justicia Nacional del Trabajo.
La resolución de la magistrada surge como respuesta a una inhibitoria planteada por el Ministerio de Capital Humano, cartera que conduce Sandra Pettovello.
El Gobierno Nacional buscaba, desde el inicio del conflicto, arrebatarle el expediente al fuero laboral, tradicionalmente considerado más permeable a los reclamos gremiales, para trasladarlo a la órbita de lo contencioso administrativo, donde se dirimen las causas que involucran directamente los intereses del Estado Nacional.
El conflicto de competencia se originó tras la sanción de la ambiciosa Ley de Modernización Laboral, la cual fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de marzo de 2026. Esta normativa, impulsada desde la Casa Rosada, contó con un sólido respaldo legislativo al cosechar 135 votos en la Cámara de Diputados y 42 votos en el Senado, consolidando una mayoría que el Ejecutivo defiende como un mandato de reforma profundo.
Sin embargo, la CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, no tardó en judicializar la norma. La central obrera denunció la inconstitucionalidad de un vasto articulado, argumentando que la ley vulnera derechos fundamentales de los trabajadores. En una primera instancia, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, les había otorgado un respiro: el 30 de marzo, el magistrado dictó una medida cautelar que suspendió de manera provisoria la aplicación de 82 artículos de la reforma.
Para revertir esta situación, el equipo jurídico de la administración nacional se apoyó en el texto de la propia reforma. Específicamente, el artículo 79 de la Ley de Modernización Laboral establece taxativamente que la competencia para resolver cuestiones donde el Estado Nacional sea parte o tercero interesado reside en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
Más aún, la normativa vigente prohíbe de forma expresa la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo en estos casos. La controversia radicaba en que el juez Ojeda había suspendido dicho artículo mediante su cautelar, manteniendo para sí la facultad de juzgar el fondo de la cuestión.
No obstante, el fallo de la jueza Marra Giménez desestimó la postura del fuero laboral. En sus fundamentos, la resolución señala que el juzgado de Ojeda "no es un juzgado federal", y subraya que el Estado cuenta con la prerrogativa del fuero federal establecida por el artículo 116 de la Constitución Nacional. Este movimiento técnico es interpretado en los pasillos de la Casa Rosada como un triunfo político fundamental para garantizar la vigencia de la reforma.
Aunque el juez Raúl Horacio Ojeda había aceptado la apelación del Gobierno manteniendo la cautelar en primera instancia, este nuevo conflicto de competencia pone en duda la continuidad de la suspensión de los 82 artículos. Si la causa se asienta definitivamente en el fuero Contencioso Administrativo, las probabilidades de que la cautelar sea revocada o morigerada son altas.
Desde la calle Azopardo, la cúpula de la CGT observa con preocupación este desplazamiento. La central obrera considera que el traslado de la causa busca "licuar" el poder de los tribunales especializados en derecho del trabajo. Mientras el Gobierno se anota una victoria en los tribunales, el clima social permanece expectante ante una reforma que, pese a los vaivenes judiciales, representa el cambio más radical en las relaciones de producción de las últimas décadas en el país.