La justicia federal determinó que la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti no cometió delitos en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU)
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti festeja una decisión judicial en una causa relacionada a viviendas.
La causa que investigaba el manejo de fondos en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos entre 2019 y 2023 tuvo un final feliz para los imputados, entre ellos Anabel Fernández Sagasti. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 decidió sobreseerla.
El fiscal Carlos Stonerlli había imputado a la senadora nacional y a otros dirigentes, como Juan Grabois y al mendocino Jorge Tanús, quien en ese período era presidente del BICE Fideicomisos para que se los investigara por presunta administración fraudulenta, y/o malversación de caudales públicos, y/o abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación al Fondo de Integración Social Urbano (FISU), ocurridos en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2023″.
La denuncia se hizo luego de la auditoría ordenada por el gobierno de Javier Milei que reportó irregularidades en el manejo de fondos millonarios que engrosaron el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante el período 2020-2023. Un año después de la imputación, el juzgado a cargo de Sergio Torres, y con asiento en Comodoro Py, resolvió el sobreseimiento de todos los imputados.
En la presentación se señalaba que “a partir de una auditoría realizada por el Poder Ejecutivo Nacional, se habría advertido que el Fondo de Integración Social Urbano (FISU), cuyo objetivo principal era el de urbanizar barrios populares, habría concretado tan solo 400 obras de las 6.517 asignadas”. Para ello, se destinaron “fondos por hasta USD 1.000.000.00 en los últimos tres años”, los cuales habrían sido utilizados “para beneficio propio o para campañas políticas”. La denuncia apunta a “sobrefacturación y millones de pesos destinados en viajes y gastos no rendidos”.
En una resolución de 14 páginas, el juzgado entiende que las denuncias “versan en lo sustancial sobre el incumplimiento de dichas obras”. Incluso, uno de los párrafos más sobresalientes advierte que “resulta difícil pensar e incluso sostener que tantas personas de diferentes espacios políticos, de las más variadas asociaciones civiles y organizaciones sociales, funcionarios públicos con cargos jerárquicos diferentes y de múltiples jurisdicciones del país, se hayan puesto de acuerdo para conformar, tal como se denunció, una empresa criminal que quiso defraudar al Estado nacional”.
La certeza es “que toda la información traída al proceso es producto de meras reproducciones de todo cuanto se expuso en programas de televisión y del eco que se hicieron en distintos medios periodísticos de país ”.
Por otra parte, la resolución subraya que “en la actualidad, en la órbita del Ministerio de Economía, Subsecretaría de Integración Socio-Urbana, existen datos de acceso y compulsa pública consistente en el monitoreo de obras de integración socio-urbana de las familias que alcanza cada obra y el estado en el que se encuentra con la especificación de la provincia y el municipio en el que se desarrollan”.
“De allí surge una cantidad considerable de obras, muchas de las cuales se encuentran en proceso de ejecución, por lo que es factible considerar que no se trata de obras que se acaban en un único acto sino que por el contrario se van cumpliendo a lo largo del tiempo”.
La resolución destaca el informe elaborado por el Centro de Cooperativas y Economía Social (Cencoes), espacio académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) relativo al relevamiento de la gestión de las políticas sociales desarrolladas por la Secretaría de Integración Socio Urbana, que es el objeeto de cuestionamientos.
“Entre otros aspectos, se concluyó que la gestión de la Secretaría mencionada entre 2019 y 2023 representa un esfuerzo significativo hacia la transformación estructural de los barrios populares del país. En ese espacio temporal se financiaron miles de proyectos en barrios populares del país. Se constató que la oferta programática reflejó un compromiso sostenido de la integración”, dice el escrito.
Entre las conclusiones se destaca que “el Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU) se posicionó como un instrumento financiero innovador y esencial para el financiamiento de proyectos de integración socio urbana en Argentina”.
En ese sentido, se afirma que el esquema financiero del programa se basó “en fuentes diversificadas”, que “permitió sostener un amplio alcance territorial, llegando a múltiples provincias” y que se hizo “garantizando la transparencia en la ejecución de los fondos”.
También se destacó que “ garantizó la transparencia en la ejecución de los fondos y que su diseño permitió una gestión ágil y eficiente de los recursos destinados a los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares, (RENABAP) ”.
Por todos esos motivos, y otros que constan en la resolución que puede verse al pie, es que el juzgado resolvió sobreseer a todos los imputados del caso que había levantado la polémica durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei.