El inmueble fue recuperado mediante el primer caso de extinción de dominio del país. Los fondos serán destinados a obras escolares. Luis Lobos sigue preso.
Durante su gestión, Luis Lobos fue acusado y posteriormente condenado por diversos delitos contra la administración pública.
Mendoza marcó un hito judicial y político: la lujosa mansión del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, condenado por corrupción, fue subastada por más de 172 millones de pesos. La operación se enmarca en el primer caso de extinción de dominio aplicado en la Argentina y los fondos ya tienen destino social.
La vivienda, ubicada en una zona residencial de alta categoría, fue decomisada luego de que la Justicia confirmara que Lobos se había enriquecido de forma ilícita durante su paso por la gestión pública. El Gobierno de Mendoza encabezó el proceso que permitió recuperar el bien para el Estado, sentando un precedente a nivel nacional.
Este mecanismo legal permite que bienes adquiridos de manera ilegal pasen al patrimonio estatal sin necesidad de una condena penal firme. En este caso, se logró tras la ratificación de que los fondos utilizados para comprar la mansión provenían de maniobras fraudulentas mientras Lobos era intendente de Guaymallén.
El dinero recaudado por esta subasta, junto a otros $447 millones obtenidos por la venta de inmuebles por herencia vacante en Capital, Godoy Cruz y Guaymallén, será destinado a infraestructura educativa. Según anunció el Gobierno provincial, los fondos servirán para reparar escuelas y mejorar las condiciones edilicias en distintas zonas del territorio mendocino.
El avance posiciona a Mendoza como la primera provincia en implementar la extinción de dominio con resultados concretos, y fortalece su perfil como impulsora de políticas anticorrupción con impacto directo en la comunidad.
Durante su gestión, Luis Lobos fue acusado y posteriormente condenado por diversos delitos contra la administración pública. En mayo de 2019, recibió una condena de 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado. En diciembre de 2022, se le impuso una nueva pena de 6 años por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, la cual fue unificada con la anterior, resultando en una condena total de 8 años de prisión. Actualmente, cumple su condena en la penitenciaría de San Felipe, Mendoza .