Tras la toma de rehén, Mendoza busca endurecer las sanciones en las cárceles

Los dos internos que tomaron de rehén a un agente penitenciario en Boulogne Sur Mer continúan alojados bajo el régimen de Muy Alto Perfil (MAP) en Almafuerte II, en Cacheuta. Mientras cumplen condiciones de detención más estrictas, la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, presentó un proyecto para endurecer las sanciones en las cárceles provinciales.

La iniciativa busca modificar la Ley Penitenciaria Provincial 8.465 y ampliar las medidas de control sobre las personas detenidas. Entre los principales cambios, propone sancionar con mayor severidad la tenencia de celulares, prohibir las transmisiones no autorizadas desde los penales y establecer castigos para las visitas que intenten ingresar elementos prohibidos.

Rus presentó la propuesta este miércoles en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados de Mendoza. El proyecto también busca incorporar el régimen de Muy Alto Perfil a la ley y darle un respaldo legal específico a las condiciones de aislamiento y vigilancia para los internos considerados de mayor peligrosidad.

Celulares, redes sociales y conexiones clandestinas

Uno de los puntos centrales de la reforma es elevar a la categoría de faltas graves la tenencia, utilización y comercialización de teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos de comunicación no autorizados.

La propuesta también busca prohibir expresamente que los internos participen en transmisiones por streaming, redes sociales o difundan videos e imágenes desde las cárceles sin autorización. Las excepciones quedarían limitadas a actividades educativas o laborales previamente habilitadas.

Otro cambio alcanza a las conexiones clandestinas a internet y a las instalaciones eléctricas dentro de los pabellones. El proyecto contempla sanciones administrativas y penales para quienes realicen estas conexiones, con el objetivo de reforzar los controles dentro de los establecimientos.

De esta manera, el Gobierno provincial busca limitar las comunicaciones ilegales desde las cárceles y evitar que los dispositivos electrónicos se utilicen para organizar actividades delictivas o difundir imágenes de los establecimientos sin autorización.

Qué sanciones recibirían las visitas

La reforma también incorpora un régimen específico para familiares y otras personas que intenten ingresar elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. Las sanciones previstas varían según el objeto y la reincidencia.

Para quienes intenten ingresar celulares o tarjetas SIM, el proyecto establece una suspensión de las visitas por 180 días ante la primera infracción. Si la conducta se repite, el plazo sube a 365 días. Un tercer intento podría derivar en la prohibición definitiva de ingresar a cualquier cárcel de Mendoza.

En el caso de las drogas, la propuesta prevé una suspensión de las visitas por 365 días desde la primera infracción y la prohibición permanente de ingreso si existe reincidencia.

La sanción sería más severa para quienes intenten ingresar armas o explosivos. En esos casos, el proyecto contempla la inhabilitación permanente desde la primera infracción, además de la correspondiente denuncia penal.

La reforma busca respaldar el régimen de Muy Alto Perfil

Otro de los objetivos de Rus es incorporar formalmente a la Ley 8.465 el régimen de Muy Alto Perfil, que funciona en el complejo Almafuerte II. El sistema contempla aislamiento en celdas individuales, vigilancia permanente y restricciones reforzadas para personas detenidas consideradas de mayor peligrosidad.

La propuesta busca establecer criterios para aplicar ese régimen y reforzar el respaldo legal de las medidas de control. Entre las situaciones que podrían tenerse en cuenta figuran la participación en motines, tomas de rehenes, amenazas al personal penitenciario y comunicaciones clandestinas.

Los dos internos involucrados en el episodio de Boulogne Sur Mer fueron trasladados a ese sector después de liberar al agente penitenciario. El Gobierno provincial rechazó los beneficios que reclamaban y dispuso que permanecieran bajo condiciones más estrictas de detención.

El proyecto ingresó a la Legislatura y deberá avanzar en el tratamiento parlamentario. Por lo tanto, las nuevas sanciones propuestas todavía requieren aprobación para convertirse en parte de la normativa provincial.