El proceso acumula 51 audiencias testimoniales.
Un año de la causa Cuadernos: los números del juicio y las críticas de Cristina Kirchner
Un año de la causa Cuadernos: los números del juicio y las críticas de Cristina Kirchner
Un año después del comienzo del juicio por la causa Cuadernos, Cristina Fernández de Kirchner continúa entre los principales acusados de una investigación que busca determinar cómo funcionó una presunta red de recaudación ilegal durante los gobiernos kirchneristas. El debate oral acumula 51 audiencias en su etapa testimonial, ya declararon 146 testigos y todavía quedan otros 208 por comparecer.
El balance presentado por la fiscal general Fabiana León, al cumplirse el primer aniversario del proceso, permite dimensionar la extensión de una causa que tiene a 85 personas acusadas. Entre ellas se encuentran la expresidenta, otros 19 exfuncionarios, 63 empresarios y dos exchoferes.
La fiscalía considera que el debate avanza a un ritmo sostenido y que la discusión final podría producirse antes de lo previsto inicialmente. Sin embargo, todavía no hay una fecha precisa para completar la presentación de los testimonios.
La causa salió a la luz en 2018, cuando se conocieron las anotaciones de ocho cuadernos escolares escritos por Oscar Centeno, quien trabajaba como chofer de Roberto Baratta, entonces funcionario del Ministerio de Planificación Federal.
En esos registros aparecían recorridos y movimientos vinculados con la presunta entrega de bolsos con dinero. Las anotaciones describían traslados desde oficinas de empresas privadas hasta dependencias y domicilios relacionados con funcionarios del gobierno nacional.
A partir de esa información se inició una investigación sobre un supuesto sistema de recaudación ilegal que habría funcionado entre 2003 y 2015.
Según la hipótesis de la fiscalía, empresarios de los sectores de la construcción, la energía y el transporte entregaban dinero a cambio de obtener beneficios en la adjudicación de contratos estatales. La investigación también alcanzó a exfuncionarios que habrían participado en el funcionamiento de esa estructura.
Una parte importante del expediente avanzó a partir de las declaraciones de empresarios y exfuncionarios que se acogieron a la figura del imputado colaborador, contemplada en la Ley del Arrepentido. Sus testimonios fueron utilizados por los investigadores para reconstruir el presunto circuito de pagos y determinar las responsabilidades de cada involucrado.
La investigación también alcanzó inicialmente al hijo de la expresidenta, el diputado nacional Máximo Kirchner. En octubre de 2018, el entonces juez federal Claudio Bonadio lo citó a declaración indagatoria luego de que el exsecretario de Obras Públicas José López lo mencionara en relación con el presunto financiamiento de La Cámpora.
Sin embargo, esa línea de investigación tuvo un recorrido judicial diferente al expediente principal. Bonadio separó la parte vinculada con el supuesto financiamiento electoral y la derivó a la Justicia con competencia electoral para que se investigara una posible violación de las normas sobre financiamiento de partidos políticos.
El expediente quedó a cargo de la jueza federal María Servini. A fines de diciembre de 2019, la magistrada dispuso el sobreseimiento de Máximo Kirchner y de otros referentes de La Cámpora.
La decisión llegó después de que el fiscal Jorge Di Lello solicitara el cierre de esa investigación. El representante del Ministerio Público Fiscal había cuestionado la forma en que se obtuvieron algunas declaraciones de los arrepentidos y consideraba que las pruebas reunidas eran imprecisas para sostener las acusaciones.
Desde que se conoció la investigación, Cristina Kirchner mantuvo una postura de rechazo frente a las acusaciones. La expresidenta calificó el expediente como una operación política y cuestionó tanto su origen como los procedimientos utilizados para reunir las pruebas.
Antes del inicio del juicio oral, el 6 de noviembre de 2025, sostuvo que se trataba de una "opereta judicial" y aseguró que el proceso respondía a un calendario político antes que judicial. También lo calificó como un "escandaloso bodrio judicial".
Sus cuestionamientos volvieron a ocupar el centro de la escena el 17 de marzo de 2026, cuando tuvo que presentarse ante el Tribunal Oral Federal N°7 para prestar declaración indagatoria.
Durante su exposición, que se extendió por más de una hora, calificó la causa como "un gran disparate" y denunció la existencia de "prácticas absolutamente mafiosas" durante la investigación. Después de su intervención, se negó a responder las preguntas de las partes.
Uno de sus principales argumentos apuntó a la falta de precisiones sobre los supuestos sobornos que se le atribuyen. La expresidenta cuestionó dónde, cuándo y quién habría realizado las entregas de dinero que forman parte de la acusación.
También apuntó contra el uso de la figura del arrepentido. Según su planteo, las detenciones de empresarios durante la etapa inicial de la causa habrían sido utilizadas para presionarlos y conseguir declaraciones en su contra.
