El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) recuperó en la Ciudad de Mendoza la primera unidad habitacional mediante el procedimiento establecido por la Ley 9715. La medida permitió avanzar con la restitución de una propiedad que estaba bajo investigación por presuntas irregularidades en su uso.
La vivienda se encuentra en el complejo Eusebio Blanco, donde el organismo había detectado incumplimientos relacionados con las condiciones de ocupación. El caso llegó al área correspondiente a partir de denuncias vecinales y los controles que realiza el IPV en los barrios que entregó.
La intervención se inició para comprobar si los titulares cumplían con la obligación de habitar el inmueble y destinarlo exclusivamente a vivienda única y familiar. Después de completar las instancias de intimación, el organismo aplicó el nuevo marco legal y consiguió recuperar una de las unidades señaladas.
La desadjudicación de una vivienda social requiere un proceso administrativo en el que los titulares tienen distintas oportunidades para regularizar su situación o presentar explicaciones.
El IPV puede iniciar estas actuaciones a partir de denuncias de vecinos o mediante inspecciones propias. Antes de avanzar con la recuperación del inmueble, debe cumplir con las notificaciones y las instancias previstas para que los adjudicatarios puedan ejercer su derecho a defenderse.
La Ley 9715 incorporó una herramienta que permite agilizar estos procedimientos y recuperar las propiedades mediante resoluciones administrativas, sin depender de los tiempos de un proceso judicial ordinario.
Las casas que vuelven a manos del IPV no pasan directamente a otros beneficiarios. Su nueva adjudicación debe respetar los registros y las condiciones establecidas por el organismo.
Entre los requisitos se encuentra no tener otra propiedad ni haber recibido anteriormente una vivienda del IPV. Además, los interesados deben estar anotados en el Registro de Necesidades Habitacionales (Renhabit) desde hace al menos un año.
Con este procedimiento, el organismo busca recuperar las unidades cuyos adjudicatarios no cumplen con las obligaciones asumidas y volver a incorporarlas al sistema habitacional provincial.