Faltaba al trabajo y estaba preso: el insólito caso de un estatal de Mendoza

El Gobierno de Mendoza echó a un empleado estatal que había acumulado ocho inasistencias injustificadas y luego fue encontrado en el Complejo Penitenciario Almafuerte. El agente, que trabajaba en el área de Transporte, había sido condenado a un año de prisión por portación ilegal de un arma de fuego.

El caso se inició en septiembre de 2022, cuando la entonces Secretaría de Servicios Públicos abrió un sumario administrativo contra Juan Eduardo Araujo Ortubia por ocho inasistencias injustificadas durante julio de ese año.

El empleado cumplía funciones en el Departamento de Semáforos, dependiente del área de Transporte. En medio de la investigación administrativa, las autoridades descubrieron que el agente se encontraba privado de la libertad.

Ante esa situación, se dispuso la suspensión de sus haberes y se continuó con el sumario para determinar qué había ocurrido. La Oficina de Personal tomó conocimiento de que Araujo Ortubia estaba detenido por un procedimiento penal, aunque inicialmente desconocía cuál era su situación procesal.

Almafuerte II. Imagen ilustrativa.

La condena que terminó con su cesantía

A medida que avanzó la investigación, el Gobierno constató que el Juzgado Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza había condenado al empleado a un año de prisión de cumplimiento efectivo.

La condena fue por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. A partir de ese dato, la administración provincial amplió el sumario iniciado por las inasistencias y sumó el expediente judicial al análisis del caso.

Finalmente, mediante el decreto N° 1628, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza resolvió aplicar la sanción de cesantía al empleado estatal.

Qué argumentó el Gobierno de Mendoza

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial sostuvo que la condena penal justificaba la sanción debido a la naturaleza del hecho y a su impacto sobre la administración pública.

La resolución señaló que se trató de una conducta delictiva dolosa cometida por un agente estatal y consideró que las circunstancias del caso eran suficientes para aplicar la cesantía.

De esta manera, el empleado perdió su cargo luego de un proceso administrativo que comenzó por sus ausencias laborales y terminó revelando que se encontraba cumpliendo una condena de prisión.