Boulin resaltó que “el Código de Convivencia, vigente desde 2014, busca garantizar una vida armónica en la Ciudad y sanciona conductas que atentan contra el espacio común”, como los grafitis no autorizados. También advirtió que estas prácticas “afectan la imagen urbana y generan gastos adicionales en limpieza y mantenimiento”.
Testigos del Teatro Quintanilla aportaron pruebas audiovisuales que permitieron identificar a uno de los infractores.
El Código de Convivencia establece que las multas por grafitis y pintadas sin autorización van desde $176.000 hasta $1.320.000, dependiendo de la gravedad del daño. En este caso, la sanción se agravó por la afectación de bienes de uso público.
Tras deliberar durante 40 minutos, los miembros del jurado coincidieron en la necesidad de sancionar el hecho. La capital mendocina es una de las tres comunas del país que aplica este modelo de justicia vecinal.