El Gobierno Nacional suspendió la auditoría de las pensiones por discapacidad que entregaba la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y frenó la suspensión de las pensiones, que quedaron en un limbo de trámites afectando a miles de personas. La decisión llega tras la filtración de audios comprometedores del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que reconocía una presunta trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos.
La intervención de la agencia y la paralización de más de 120 mil bajas ya efectuadas fueron informadas por Infobae este viernes.
Organismos de Mendoza habían pedido que se frenara la auditoría semanas atrás:
"Queremos exigir que paren la auditoria por las pensiones no contributivas por invalidez laboral ya, que restituyan todas las pensiones que les han sacado a las personas con CUD, que actualicen el nomenclador y que declaren la emergencia. Plata sí hay y sí había, se la están robando a dos manos", señaló Mónica Bascuñán, referente del Observatorio de Discapacidad en Mendoza, consultada por ElEditor Mendoza.
El ministro de Salud, Mario Lugones, tomó la decisión de frenar el proceso de revisión de pensiones, que hasta el momento había dado de baja a 128.667 beneficiarios. En lugar de auditar las pensiones, ahora se auditará internamente a la ANDIS.
Una fuente cercana al ministro le confirmó al mencionado portal que la auditoría interna a la ANDIS se enfocará en tres ejes: pensiones, compras y estructura administrativa. Mientras dure este proceso, se suspenden las citaciones y controles presenciales sobre los más de un millón de beneficiarios del sistema.
La intervención de ANDIS reveló que, como organismo descentralizado, manejaba su propio presupuesto y realizaba contrataciones sin pasar por el Ministerio de Salud. La intervención de ANDIS reveló que, como organismo descentralizado, manejaba su propio presupuesto y realizaba contrataciones sin pasar por el Ministerio de Salud.
En paralelo, el Senado protagonizó un hecho histórico: por primera vez en más de dos décadas, la oposición logró revertir un veto presidencial. Con 63 votos a favor, se aprobó la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, prorrogable por un año más. La norma reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y establece compensaciones económicas.
El presidente Javier Milei, que considera que la medida compromete el equilibrio fiscal, evalúa judicializar la cuestión para evitar cumplir con los aumentos previstos.