La emblemática fábrica Fate despidió casi mil empleados y cerró su planta en San Fernando. Los trabajadores piden que les entreguen la planta,
Fate cerró su planta y despidió más de 900 empleados, que fueron notificados con un cartel.
La histórica fabricante de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores, lo que desató un conflicto gremial de alto impacto. En ese marco, la Justicia ordenó el inmediato desalojo de los operarios que permanecen dentro del establecimiento, aunque finalmente la medida no se llevará a cabo por el momento por cuestiones de seguridad y para resguardar a los implicados.
La decisión empresaria se conoció de manera abrupta: los empleados se enteraron al llegar a la fábrica y encontrarse con un cartel que informaba el cese total de actividades. La mayoría estaba de vacaciones, adelantadas por la empresa ante la caída en la producción por el parate del consumo. Desde entonces, trabajadores y al menos un delegado permanecen en el interior del predio, mientras continúan las gestiones en un clima de fuerte tensión.
Pasadas las 13, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero, dictó la conciliación obligatoria por 15 días para intentar encauzar el conflicto.
La resolución judicial había dispuesto la “inmediata restitución del inmueble a favor de sus titulares”, aclarando que ello no implica restricción alguna al derecho a manifestarse fuera del predio.
El fiscal Marcelo Fuenzalida fundamentó la medida en la necesidad de recuperar la planta ubicada en Almirante Blanco Encalada 3003, tras constatar un ingreso de los trabajadores en horas de la mañana, con daños en el alambrado perimetral y accesos, además de la ocupación de distintos sectores del establecimiento.
La empresa había comunicado días antes la decisión de cesar por completo sus operaciones en la planta y notificó a los empleados junto con el compromiso de pago de las indemnizaciones legales. Ante la conflictividad, reforzó la seguridad privada para prevenir daños.
Mientras tanto, efectivos de la Policía Bonaerense permanecen en las inmediaciones, aunque sin avanzar en el desalojo, en un escenario de alta sensibilidad social y laboral que mantiene en vilo a casi un millar de familias.