Ley de etiquetado frontal: qué dice el proyecto de Milei que busca derogarla
Ley de etiquetado frontal: qué dice el proyecto de Milei que busca derogarla
Ley de etiquetado frontal: qué dice el proyecto de Milei que busca derogarla
El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso del proyecto de ley que busca derogar el sistema de etiquetado frontal en el país. El texto oficial argumenta fallas técnicas severas y asimetrías comerciales críticas dentro del Mercosur, abriendo un intenso debate legislativo sobre las políticas de salud pública actuales.
La decisión de avanzar contra el etiquetado frontal se da en un contexto local es particular: la presentación de este proyecto coincide con la reciente y drástica decisión del país de salirse de la OMS, marcando una clara ruptura con los lineamientos de los organismos multilaterales de salud.
Mientras tanto, países de la región como Chile (pionero en la materia), Uruguay, Perú, México, Colombia y Venezuela implementaron sistemas de advertencias en sus envases desde hace años. Fuera de América Latina, naciones de la Unión Europea utilizan modelos adaptados como el Nutri-Score, mientras que otros países asiáticos y africanos configuran sus propias regulaciones basadas en sellos o semáforos nutricionales.
Estas políticas públicas cuentan con un amplio respaldo en las organizaciones de salud globales, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y la propia OPS, que las consideran herramientas clave para combatir la epidemia de obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles.
El documento oficial, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Salud, Mario Iván Lugones, crítica a la metodología aplicada por la Ley N° 27.642. Según el Ejecutivo, el actual sistema basado en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aplica "parámetros generales de manera homogénea sobre matrices alimentarias sustancialmente diferentes".
El proyecto sostiene que la "estructura binaria de los octógonos negros induce a interpretaciones simplificadas y poco precisas, generando confusión en los consumidores en lugar de educarlos".
Asimismo, cuestiona el cálculo basado en relaciones porcentuales respecto del aporte energético total, calificándolo como "técnicamente inconsistente".
Otro de los ejes centrales del reclamo gubernamental se enfoca en las "severas complicaciones operativas y los sobrecostos que la normativa vigente impone a la industria". El texto advierte que el "impacto regulatorio se distribuye de manera profundamente asimétrica, perjudicando con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)".
A su vez, se destaca la "preocupante falta de armonización regional dentro del Mercosur".
Frente a las previsibles críticas de los sectores que defienden la actual legislación sanitaria, el proyecto aclara de forma taxativa que la derogación "no implicará un vacío informativo ni el desamparo de la población".
La iniciativa ratifica que "continuarán plenamente vigentes todas las obligaciones de información nutricional ya contempladas en el histórico Código Alimentario Argentino (CAA), así como las normativas complementarias del Mercosur vigentes desde principios de los años dos mil".
