El sistema de lucha antigranizo en San Rafael y General Alvear abrió un fuerte debate que está relacionado al financiamiento del mismo, ya que se confirmó que se cobrará un 3% en la factura del servicio de luz de los sanrafaelinos. Después de que fuese aprobada la continuidad mediante una audiencia pública, el abogado y referente del Frente Verde, Mario Vadillo, cuestionó el cobro que hará el municipio de San Rafael.

“Están usando la boleta de la luz para recaudar fondos ajenos al servicio eléctrico, disfrazándolos de ‘aportes solidarios. Las familias del sur vuelven a recibir la peor noticia: en plena crisis económica, les vuelven a cargar un impuesto encubierto en la factura de luz”, explicó el dirigente político.

Para Vadillo, quien fue candidato a diputado nacional en las últimas elecciones, la electricidad es un servicio público regulado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y por lo tanto, “ningún municipio tiene competencia para imponer tasas o cargos dentro de la tarifa eléctrica”.

“Lo que acaba de hacer San Rafael con su llamada ‘audiencia pública vinculante’ es un atropello institucional. Usan un procedimiento local para meterse en un esquema tarifario provincial, lo cual es jurídicamente nulo”, arremetió.

Se afectan los derechos del consumidor

En su rol de abogado, Mario Vadillo afirmó también que lo que ha realizado la comuna de San Rafael contradice el artículo 42 de la Constitución Nacional y varios artículos de la Ley 24.240 del derecho de Defensa del Consumidor, que garantizan información transparente y prohíbe prácticas abusivas.

“Cobrar un programa ajeno al servicio eléctrico, sin consentimiento y bajo amenaza de corte, es una estafa institucional. La ley es clara: toda cláusula que imponga una obligación no convenida es nula. La ‘Lucha Antigranizo’ es un caso de manual”, indicó Vadillo.