El caso de Alan Villouta volvió a poner sobre la mesa el debate por las consecuencias penales de los siniestros viales en Mendoza. A partir de la prescripción de la causa por la muerte del joven, la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, y la diputada nacional Pamela Verasay avanzaron con un proyecto para modificar el Código Penal y endurecer las penas para quienes provoquen una muerte por conducción imprudente.
La iniciativa propone que quien provoque una muerte por conducir de manera imprudente, negligente o antirreglamentaria reciba una pena de entre 3 y 5 años de prisión, además de una inhabilitación para conducir de entre 4 y 8 años.
El castigo podría ser todavía mayor cuando existan circunstancias consideradas especialmente graves. En esos casos, el proyecto establece penas de 4 a 10 años de prisión y hasta 12 años de inhabilitación para conducir.
Entre los agravantes aparecen la fuga después del siniestro, no intentar auxiliar a la víctima, conducir bajo los efectos de estupefacientes o superar determinados niveles de alcoholemia. También se contempla el exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por hora sobre el máximo permitido, manejar estando inhabilitado y violar un semáforo o determinadas señales de tránsito.
El proyecto tomó impulso luego de que la Justicia declarara la prescripción de la causa por la muerte de Alan Villouta, el joven que murió atropellado en el Acceso Sur en 2017.
El caso había llegado a juicio y en 2020 Alejandro Verdenelli había sido condenado a tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir. Sin embargo, este mes un tribunal declaró la prescripción de la causa por una cuestión vinculada a los plazos procesales y una notificación realizada fuera de término.
La situación volvió a generar cuestionamientos sobre el alcance de las penas existentes para los homicidios cometidos en el marco de siniestros viales y sobre la posibilidad de que determinados casos terminen sin una condena efectiva.
Desde Mendoza plantean que la modificación debe apuntar especialmente a las conductas más graves al volante. La propuesta había sido impulsada originalmente en 2024 y ahora fue presentada nuevamente en el Congreso con la intención de conseguir respaldo de otras provincias y avanzar con su tratamiento durante el actual período ordinario.
Mercedes Rus es una de las que impulsa este proyecto
Rus sostuvo que el objetivo es que las penas reflejen la gravedad de situaciones como conducir con una alcoholemia elevada, darse a la fuga después de provocar un siniestro o circular a velocidades muy superiores a las permitidas.
La iniciativa se suma a las medidas de prevención y control vial que Mendoza viene impulsando durante este año. En agosto, la Provincia anunció una nueva etapa de su Plan Integral de Seguridad Vial, con mayor utilización de tecnología y la incorporación de herramientas para registrar infracciones consideradas temerarias.
Ahora, el debate se traslada al Congreso. La propuesta mendocina busca que provocar una muerte bajo determinadas condiciones de conducción deje de tener una respuesta penal que permita, en los casos alcanzados por la nueva escala, evitar una pena efectiva de prisión.