Miles de personas marcharon en Mendoza este sábado para exigir el fin de las detenciones por cannabis y una política basada en derechos humanos.
"Mendoza tiene bodegas, y el cannabis tiene un cultivo similar. El turismo cannábico es una oportunidad".
Luis Vigazzola / ElEditor Mendoza Este sábado, en sintonía con las movilizaciones en todo el mundo, Mendoza fue escenario de la Marcha Mundial de la Marihuana 2025. Bajo la consigna “¡Por una nueva ley de drogas ya! ¡Basta de personas presas por marihuana!”, cientos de personas reclamaron una legislación que deje de criminalizar a usuarios y cultivadores, y garantice derechos, salud y justicia social.
La convocatoria fue impulsada por la Agrupación Cannabicultora de Mendoza y otras organizaciones locales que vienen militando desde hace más de una década. Marcos, presidente de la agrupación, explicó: “Venimos organizando esta marcha hace 12 años. Seguimos exigiendo la derogación de la Ley 23.737, que lo único que hace es criminalizar al cultivador. Ya nos dimos cuenta de que no va por ahí”.
Uno de los puntos clave de la jornada fue la necesidad de reparación histórica para las víctimas de la legislación vigente. “Hay muchas personas que han caído presas por tener plantas, por cultivar para sí o para otros, y eso no puede seguir ocurriendo. Pedimos amnistía, cancelación de antecedentes penales y reparación económica”, remarcó Marcos.
Simón Arias, activista y egresado de la Escuela de Cannabis, sostuvo: “El cannabis es una planta completa, de la que se aprovecha todo. Puede generar productos medicinales, textiles, materiales de construcción. Los paneles de fibra de cáñamo, por ejemplo, son ignífugos, impermeables y 50 veces más resistentes que otros. Pero en lugar de potenciar este recurso, se persigue”.
También llamó a pensar el cannabis como un factor de desarrollo regional. “Mendoza tiene bodegas, y el cannabis tiene un cultivo similar. El turismo cannábico es una oportunidad. Ya hay provincias como La Rioja y Buenos Aires que avanzan. Si no hay reglamentación nacional, los municipios y gobiernos provinciales deben tomar la posta”, propuso Arias.
La sanción de una nueva ley provincial sobre cannabis fue recibida como un paso adelante, aunque todavía resta su reglamentación. “Salió muy rápido del Ejecutivo. Ahora falta ver cómo se reglamenta. Nosotros colaboramos con la Comisión Legislativa para aportar dudas y propuestas”, explicó Marcos.
Entre los pedidos, se destacan el acceso gratuito a estrategias de reducción de riesgos, información científica y culturalmente situada sobre todas las sustancias, y capacitación obligatoria con perspectiva de derechos humanos para las fuerzas de seguridad.
“La policía todavía tiene muy poca formación sobre trazabilidad y normativa. Eso genera rechazo social e inseguridad jurídica. Se necesitan capacitaciones urgentes”, afirmó Abel Alarcón, integrante del movimiento.
Jeremías Cascallares, cultivador mendocino, señaló algunos avances concretos: “Por suerte hoy ya no te meten preso por tener una planta, como hace unos años. Pero las causas judiciales siguen. Lo que más nos interesa es proteger los derechos de quienes cultivamos. Este es un saber ancestral, no sólo una industria. El autocultivo es la única garantía de calidad y soberanía”.
Desde las organizaciones que participaron en la Marcha Mundial de la Marihuana 2025 se destacó la diversidad de luchas y propuestas que confluyen en esta movilización: usuarios medicinales, cultivadores solidarios, profesionales del sector terapéutico, trabajadores de growshops y activistas por los derechos humanos.
“La planta representa mucho más que una sustancia: es identidad, cultura, salud, comunidad y trabajo”, resumen en el documento federal que acompañó la jornada.
Aunque la legislación nacional dio pasos importantes con las leyes de cannabis medicinal (27.350) y de cáñamo industrial (27.669), las trabas en organismos como el REPROCANN, el INASE o la ARICCAME siguen generando incertidumbre. El freno al desarrollo de la industria por parte del gobierno nacional, además, obliga a las provincias a legislar por su cuenta.
“Nosotros no pedimos privilegios. Queremos que se nos reconozca como trabajadores, que se respete el derecho a elegir con qué tratar nuestros cuerpos y que se termine con la persecución a una planta que puede ser parte de la solución, no del problema”, concluyó Marcos.