Gremios, trabajadores y organizaciones sociales golpeados por el plan de ajuste se reunieron este mediodía en el nudo vial. Galería de fotos y video.
Los gremios están en alerta por la jugada de Cornejo para alentar a la desafiliación.
Santiago Tagua/ElEditor MendozaUna ruidosa protesta se instaló este martes en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera en el marco del paro nacional de gremios docentes por el desguace a las universidades nacionales. Profesionales de la salud y organizaciones sociales se concentraron en el Nudo Vial para exigir la ejecución efectiva de leyes insistidas por el Congreso, apertura de paritarias y un aumento salarial equivalente al otorgado por Alfredo Cornejo a su gabinete.
Enormes carteles con los rostros de los jueces de la Suprema Corte, el propio Cornejo, el procurador Alejandro Gullé le pusieron color al reclamo al que se sumaron banderas de los Judiciales, AMPROS, UPCN, ATE, Fadiunc, el Observatorio de la Discapacidad Mendoza, entre otros. Hubo reclamos salariales, exigencias legislativas y defensa de derechos gremiales, en un contexto de creciente conflictividad institucional por el desfinanciamiento de sectores sensibles como las universidades, los hospitales y las personas con discapacidad.
Como viene ocurriendo en Mendoza, un operativo policial impidió el corte de tránsito, y los trabajadores se limitaron a las veredas y a desplegar carteles cuando el semáforo se ponía en rojo. Fue suficiente para generar adhesión de los automovilistas que tocaban bocina a su pazo y sacaban los brazos por la ventanilla en señal de apoyo al reclamo.
La protesta también se enmarca en el reclamo por la aplicación plena y efectiva de tres leyes clave: la Ley de Emergencia Pediátrica, la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Todas fueron vetadas por el presidente Javier Milei, pero lograron superar los dos tercios de votos en ambas cámaras del Congreso, lo que obliga constitucionalmente a su promulgación y ejecución.
Javier Milei ha optado por una estrategia de promulgación sin ejecución por falta de financiamiento, como quedó evidenciado con la publicación del decreto 681/2025 en el Boletín Oficial. Allí se oficializó la promulgación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero se estableció que su aplicación “queda suspendida en su ejecución” hasta que el Congreso defina su financiamiento. El decreto invoca el artículo 5 de la Ley 24.629 y condiciona la implementación a la asignación de partidas específicas en el Presupuesto Nacional, actualmente en debate.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumenta que “corresponde que los recursos necesarios para cubrir los gastos que se establecen a través de la ley sean considerados en dicha discusión parlamentaria”, dejando en pausa las expectativas generadas por su aprobación.