Desde el fin de semana, empleados judiciales de San Rafael habían iniciado un paro de actividades que finalizó este miércoles y que podría continuar si así lo deciden en la asamblea que habrá este jueves en los tribunales locales.
-La medida de fuerza comenzó el fin de semana y finalizó este miércoles
-"Hubo poca adhesión al paro", señaló Darío Bermejo, delegado de la Suprema Corte
El paro de judiciales afectó audiencias en el Sur.
foto de archivoDesde el fin de semana, empleados judiciales de San Rafael habían iniciado un paro de actividades que finalizó este miércoles y que podría continuar si así lo deciden en la asamblea que habrá este jueves en los tribunales locales.
La medida de fuerza tuvo su origen en un reclamo salarial que tiene que ver con la reapertura de paritas y la aplicación del Convenio Colectivo firmado en el año 2024. Según argumentaron desde el gremio que nuclea a los trabajadores en el Sur, la medida afectó el trabajo en Fiscalías por la falta de personal auxiliar de dichas dependencias.
Este jueves, a las 10, se realizará una asamblea en los tribunales sanrafaelinos, ubicados sobre la calle Emilio Civit. En esta reunión podría decidirse continuar o no con el paro que hicieron días atrás.
ElEditor dialogó con Darío Bermejo, quien es el delegado de la Suprema Corte en San Rafael, quien confirmó el cese de la medida de los trabajadores. "Acá hubo poca adhesión", se limitó a decir el funcionario de Justicia. El paro no afectó, por ejemplo, a ayudantes fiscales, quienes se encuentran afiliados a otro gremio, el cual no tomó medidas de fuerza.
Miembros del gremio que representa a los empleados del Poder Judicial en el departamento sureño, explicaron que uno de los reclamos es por la no vigencia del convenio colectivo de trabajo, acordado en 2024.
Además, reclaman que exista una modificación de la estructura salarial, discusión de una nueva carrera judicial con ascensos por concurso y fin del sistema de ascensos discrecionales.
Por lo pronto, habrá que esperar que sucede este jueves en la asamblea que tengan los trabajadores judiciales para determinar si continúa o no su plan de lucha salarial.